La movilización de la organización ha conseguido el compromiso de los industriales cárnicos de paralizar el cobro a los ganaderos de los nuevos costes hasta que el Gobierno apruebe la normativa que podría fijar una tasa al consumo para financiar la producción y retirada de las harinas cárnicas.
La movilización de 2.000 ganaderos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha conseguido paralizar hoy la actividad de los 15 mataderos más representativos de las principales zonas de producción de siete Comunidades Autónomas ( Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia. UPA destaca la ausencia de incidentes y el comportamiento ejemplar de los ganaderos y valora la actuación de la organización que ha conseguido como primer objetivo el compromiso de los mataderos de dejar de cobrar a los ganaderos el coste de la eliminación de las harinas cárnicas, mientras se llega un acuerdo con el Gobierno para aprobar de manera urgente la nueva normativa que establecerá previsiblemente una tasa para financiar el coste de la eliminación de las harinas cárnicas a cargo de los consumidores.
El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a aprobar el próximo 18 de enero la norma que regulará estas actuaciones y esta tarde ha convocado una reunión urgente para tratar de cerrar un acuerdo con todas las partes implicadas. la movilización de los ganaderos de UPA se ha producido por la actitud de las industrias cárnicas que están cobrando a los ganaderos una nueva tasa para financiar la producción y retirada de las harinas cárnicas. El nuevo coste para los ganaderos impuesto por los mataderos es de 11 €uros por cabeza de vacuno, 3 €uros por cabeza de porcino y 0,25 €uros por cabeza de ovino, lo que supondrá un coste anual para el sector de 240 millones de €uros (40.000 millones de pesetas), incluyendo el coste que ya soportan por la eliminación de los MER (Materiales Específicos de Riesgo).
UPA estima que la retirada y destrucción de las harinas de carne y hueso, en tanto su relación directa con la EEB, es un problema de Salud Pública y debe ser financiado con dinero público. Sería el primer problema sobre Sanidad Humana en el que se pretende corresponsabilizar al sector ganadero. Desde UPA entendemos que el Acuerdo Marco propuesto por el Ministerio de Agricultura trata exclusivamente de hacer responsables a los distintos segmentos de la cadena cárnica de una crisis que no tiene respuesta presupuestaria por parte del Estado.
Además, UPA considera imprescindible que la Administración General del Estado financie también la retirada de MER en mataderos y salas de despiece y la retirada de los cadáveres de la explotación, cuestiones que está pagando total o parcialmente el ganadero. Es inadmisible que el cumplimiento de las normativas europeas en materia de EEB, aspectos fundamentales para impedir el consumo de materiales contaminados que propaguen la enfermedad en humanos, tengan que ser financiados en gran parte por los ganaderos.
El MAPA ante las presiones realizadas está empezando a hablar del establecimiento de una partida relativa a harinas cárnicas en las facturas de modo que la repercusión al consumidor sea posible. UPA entiende que aunque debe ser la Administración General del Estado la que corra con esos gastos por tratarse de un problema de Salud Pública, se muestra receptiva a otras formas que no supongan repercusión alguna a los productores. Desde este punto de vista, la propuesta realizada sólo será bien recibida si existe una obligatoriedad normativa. UPA no descarta la posibilidad de emprender nuevas movilizaciones si la norma no recoge las reivindicaciones de la organización.
UPA