“Con esta nueva iniciativa se pretende agilizar su adaptación antes del 30 de octubre de 2007, fecha límite prevista en la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que todas las actividades IPPC dispongan del permiso único medioambiental”, ha asegurado el titular de este departamento del Gobierno Valenciano.
“La Autorización Ambiental Integrada, ha explicado Blasco, es un instrumento para evitar y reducir las emisiones contaminantes de las actividades industriales de la Comunidad Valenciana”. A través de este instrumento, Territorio y Vivienda controla que todas las instalaciones afectadas apliquen las mejores técnicas disponibles y desarrollen en sus procesos productivos buenas prácticas medioambientales.
Este nuevo instrumento supone el primer paso en la aplicación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). Una Ley somete a Autorización Ambiental Integrada las instalaciones destinadas a la cría de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas, 2.000 emplazamientos para cerdos de cría de más de 30 kilos y 750 emplazamientos para cerdas.
Estos supuestos se cumplen en 52 explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana, lo que representa el 14,28% del total de instalaciones IPPC. 21 de ellas son del sector avícola y 31 granjas de porcino.
Por provincias, la de Castellón acoge el 34% de las instalaciones de porciendo, ubicándose el 66% restante en la provincia de Valencia, mientras que el sector avícola se distribuye en un 5% en Alicante, un 30% de las instalaciones afectadas se encuentran en Castellón y un 65% en la provincia de Valencia.
Estas explotaciones ganaderas son las únicas actividades no industriales sometidas al régimen IPPC, lo que las convierte en supuestos especiales, ya que este sector presenta unas características sustancialmente diferentes al resto de actividades a las que se les aplica la Autorización Ambiental Integrada.
En este sentido, la propia Ley es consciente de la especificidad de las explotaciones ganaderas y establece que los órganos competentes deberán tener en cuenta, a la hora de fijar las prescripciones sobre gestión y control de los residuos en la autorización ambiental integrada, las consideraciones prácticas específicas de dichas actividades, teniendo en cuenta los costes y las ventajas de las medidas que se vayan a adoptar.
La citada Comisión está constituida por representantes de la Conselleria de Territorio y Vivienda, Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Confederación Hidrográfica, Universidad Politécnica de Valencia, Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA), Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Asociación Avícola Valenciana (ASAV), Asociación Valenciana de Agricultores (AVA – ASAJA) y Colegios Profesionales.
364 empresas afectadas
La entrada en vigor de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación ha supuesto que un total de 364 empresas de la Comunidad deban adaptarse a la misma. Empresas de sectores como instalaciones de combustión, producción y transformación de metales, industrias minerales, industrias químicas, gestión de residuos, industria del papel y cartón, industria textil, industria del cuero, industria agroalimentaria, consumo de disolventes orgánicos e industria del carbono.
Del total de estas empresas, Castellón cuenta con el mayor número de empresas afectadas por la aplicación de esta Ley, con un 52,20%, ya que éstas pertenecen en su mayoría al sector minerales (la industria cerámica), seguida de Valencia con un 38,74% y la de Alicante con un 9,07%.