Desde el pasado viernes y hasta el próximo 8 de febrero, estará abierta la primera convocatoria del Banco Regional de Derechos de Plantación de Viñedo, que en esta ocasión tiene como finalidad la regularización de las plantaciones irregulares y que pone a disposición de los agricultores castellano-manchegos un total de 4.790 hectáreas.
El pasado martes, día 15, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el Decreto de creación del Banco Regional de Derechos de Plantación de Viñedo, que hoy ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, junto con la Orden que establece las normas para la concesión y la solicitud de estos derechos.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, explicó que el objetivo prioritario de la creación de este Banco regional es regular los derechos de plantación de viñedo en nuestra Comunidad Autónoma para evitar que impere la ley del más fuerte. “Hemos querido darle carácter social a la norma para que no sea sólo el mercado el que regule las posibilidades de transferencia de derechos entre particulares y que pueda la Administración regional colaborar a favor de la regularización de explotaciones, especialmente en los pequeños y medianos agricultores”.
Inicialmente el Banco se ha constituido con los derechos de plantación de una superficie de 4.790 hectáreas procedentes de la concesión de derechos de plantación de nueva creación, que fueron adjudicados en octubre de 1999 a la región tras la asignación que realizó la UE a cada Estado miembro.
Estos derechos se han ofertado a través de una Orden de solicitud y, en esta primera convocatoria, serán para regularización de viñedo. Para la asignación de estos derechos, cuyo plazo de solicitud concluirá el próximo 8 de febrero, se han establecido una serie de prioridades: la regularización de situaciones preferentemente a agricultores profesionales, a explotaciones prioritarias y a explotaciones de pequeña dimensión.
La regularización se podrá realizar a través de este Banco, pero tras haber pagado una cantidad de dinero –500.000 pesetas por hectárea-, “de modo que no se produzcan agravios respecto a aquellos profesionales de la agricultura que ya han regularizado y asumieron el coste”.
El dinero que recaude la Administración regional servirá para la adquisición de derechos de plantación de viñedo en el mercado libre. Estos derechos comprados en el mercado, junto a derechos de regularización normalizada y los cupos de derechos que puedan ser asignados se ofertarán en próximas convocatorias a través de nuevas Ordenes y ya no tendrán por objeto la regularización.
En futuras convocatorias, se observarán otros criterios y prioridades, como la incorporación de jóvenes agricultores; los agricultores profesionales; las explotaciones prioritarias, etc..
“En definitiva, queremos un Banco de derechos para administrarlo bajo los criterios de justicia y solidaridad a favor de las explotaciones más pequeñas”, puntualizó Alonso, quien añadió que “no es un Banco especulativo, sino de derechos, que tiene un objetivo productivo, un marcado carácter social y nace para proteger un sector estratégico de la región”.
La aprobación de esta norma, que ha sido demandada por los productores de viñas de la región, ha contado con un amplio consenso en el sector.
JCCM