La Plataforma Andaluza de Consumidores de Carburantes mantuvo ayer, 10 de diciembre, una reunión en la sede de UPA-A, para poner sobre la mesa una postura común de los sectores sobre la anunciada subida en el impuesto de carburantes.
Las organizaciones integrantes: U.S.TAXI, FENADISMER-A, ATA, EMCOFEANTRANS, CEPES-A, AL´ANDALUS, UCE, FAAT, UGT-A, F.R.T.C.M.-UGT-A han querido dejar constancia de su oposición al impuesto y de la disposición a mantener las conversaciones necesarias para hacer llegar su postura hasta el Gobierno Central y buscar una solución a este problema que se les avecina a los profesionales, en primera instancia, y al consumidor final. La Plataforma ratifica los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida por la Plataforma Nacional, compuesta igualmente por las organizaciones nacionales de transportistas de mercancías y viajeros, agricultores, taxistas, autónomos, profesionales, agentes comerciales y subcontratistas de obras.
Las referidas organizaciones profesionales han valorado muy negativamente la propuesta de enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, en el que se plantea un recargo impositivo adicional sobre los carburantes de 4 + IVA pesetas por litro, que puede ser incrementado por las Comunidades Autónomas hasta 8 + IVA pesetas, para financiar el déficit publico.
Por ser un impuesto sobre el consumo, se establece sobre los adquirentes. Este es un argumento básico para que los sectores profesionales rechacen el impuesto en la medida de que el adquirente utiliza el producto gravado no como un consumo final sino como un consumo intermedio o coste de producción. Mientras que los consumidores finales también tendrán que sufrir las consecuencias de esta subida, al encontrarse con la subida en el precio último del servicio o compra.
Además dicha propuesta supone un incumplimiento manifiesto y una traición del Ministerio de Hacienda a los sectores profesionales respecto de los Acuerdos alcanzados el mes de octubre del pasado año en los que, ante la solicitud de una bajada de impuestos de los hidrocarburos, el Ministerio de Hacienda se comprometió expresamente a mantener la fiscalidad en materia de hidrocarburos, alegando la normativa comunitaria.
Si bien es cierto que la presión fiscal de los impuestos especiales está en España por debajo de la media comunitaria (2,7% frente a 2,84%); si esta presión se refiere a la renta per cápita, tenemos que el esfuerzo fiscal es superior a la media comunitaria ( 3,43 frente a 2,84%).
Con la implantación del nuevo impuesto, los sectores profesionales consumidores de carburantes como materia prima contribuirán en más de 90.000 millones de pesetas anuales a las Arcas del estado esto es, más de un 40 % de lo que Hacienda espera recaudar por este concepto. Además el hecho de que se implante un impuesto modificando la Ley de Acompañamiento, permitiendo que las Comunidades Autónomas, o se opongan o se nieguen a aplicar el impuesto, va a crear confusión y desbarajuste, que perjudicará al conjunto de la economía, que en estos momentos críticos necesita serenidad para crecer.
Por ello, y ante la irresponsabilidad política con que el Gobierno español ha actuado en esta materia, las organizaciones andaluzas integrantes de la Plataforma Andaluza de Consumidores de Carburantes han acordado:
1. Presentar ante la opinión pública, nuestra oposición al nuevo impuesto, que consideramos injusto, insolidario y perjudicial para los sectores económicos y consumidores que representamos, ya que es un mal precedente y existen otras formulas mas justas de equilibrar el déficit publico.
2. Exigir con carácter inmediato la retirada del proyecto de Ley de ventas minoristas de determinados hidrocarburos de su tramitación en el Senado, hasta que no sea previamente negociado con los sectores profesionales afectados.
3. Solicitar reuniones urgentes con todos los grupos parlamentarios, con la Consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Mientras tanto, estaremos pendientes de las conclusiones que se extraigan de la reunión solicitada por la Plataforma Nacional al Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
4. La Plataforma decidirá esta semana si se suma al Recurso de Inconstitucionalidad que presentará la Plataforma Nacional, e instar a los diferentes Grupos parlamentarios, a las Comunidades Autónomas y al Defensor del Pueblo, a que se adhieran al mismo, o promuevan uno propio.
5. Exigir que se desvincule esta subida de la financiación de la Sanidad Pública, por entender que nada tiene que ver con lo que se pretende, y que en este mismo sentido, se origine un debate parlamentario.
UPA-Andalucía