El pasado 6 de mayo se publicó por primera vez la situación exacta de las parcelas donde se ha solicitado realizar ensayos con cultivos transgénicos experimentales en España. Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia afirma que la localización de los cultivos transgénicos está sujeta al libre acceso a la información y en países como el Reino Unido el Gobierno lo publica directamente en su página web. Sin embargo, desde la industria de los transgénicos se ha lanzado una agresiva campaña de criminalización contra Amigos de la Tierra por haber hecho públicos estos datos. Agricultores, consumidores y ecologistas rechazan estas intimidaciones y exigen terminar con la falta de transparencia sobre los transgénicos en España.
En 2010, varias multinacionales han solicitado permiso para experimentar en más de cien parcelas repartidas por todo el país con maíz, remolacha y algodón transgénico. Estos ensayos conllevan la utilización al aire libre de organismos de los que aún no se conoce sus efectos sobre la biodiversidad o la salud y suponen un grave riesgo de contaminación genética. Agricultores, vecinos, ayuntamientos y espacios naturales afectados tienen derecho a conocer su localización exacta para tomar medidas de protección y control. España acoge el 42% de todos los experimentos con transgénicos al aire libre que se han realizado en la Unión Europea en los últimos años, algo que ha sido posible gracias al oscurantismo de la política sobre transgénicos.
Tras la publicación de estos datos, las empresas que quieren realizar estos ensayos han lanzado una campaña, a través de la patronal de la industria de las semillas ANOVE y de la Fundación Antama, de acoso y criminalización, acusando a Amigos de la Tierra de “incitación al vandalismo”.
Las organizaciones firmantes rechazan estas acusaciones y apoyan a Amigos de la Tierra en su decisión de publicar estos datos. Tal y como estableció el Tribunal Europeo de Justicia “El derecho de acceso del público a la información se aplica a la liberación de transgénicos. Los Estados miembros no pueden invocar una excepción de orden público para oponerse a la divulgación del lugar de la liberación de organismos modificados genéticamente”.
Mientras gobiernos como el del Reino Unido, Portugal , Rumanía o Alemania facilitan esta información en su página web el Gobierno Español no la publica, y se ha resistido a facilitar las localizaciones de los campos experimentales. España tampoco cumple la legislación europea sobre los cultivos transgénicos comerciales, al no existir un registro público con su localización.
Desde COAG, CECU, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Plataforma Rural, Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, WWF y SEO/Birdlife se exige una política de total transparencia sobre los cultivos y alimentos transgénicos.
COAG