En este sentido, la secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, adelantó que las medidas en materia de financiación se encuentran «ultimadas ya en todos los extremos», a falta de la consulta de las comunidades autónomas el próximo miércoles, 3 de marzo, «para que se puedan comprometer en las medidas acordadas».
En concreto, este capítulo de la negociación contemplaría medidas en tres ejes de actuación: la moratoria de «probablemente dos años» sobre los créditos que soporta el sector agrario; el respaldo concreto de la sociedad de crédito y caución sobre los avales que se puedan conceder al sector agrario, y el acceso a la línea ICO Liquidez.
En cuanto a esta última, Villauriz argumentó que, de este modo, las explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias más necesitadas de circulante podrán obtener acceso a financiación adicional. El Ministerio y las comunidades autónomas garantizarían el acceso a esta financiación y limitaría «en la medida de lo posible» el tipo de interés al que se cobrarían estos créditos.
En cuanto a las tarifas para regadío, la secretaria general anunció una nueva reunión con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, también para el próximo día 3, en la que se pretenderá negociar una mejora en la cuestión contractual de los regantes, encaminada a mejorar el tratamiento de la potencia contratada y a flexibilizar la firma de los contratos de temporada.
Respecto al crédito a la exportación, el Ministerio pretende avanzar en la atención a las exportaciones a países riesgos, y una segunda línea para las grandes distribuidoras de productos agroalimentarios que por su situación de manejar grandes volúmenes tienen problemas para obtener garantías.
Por contra, el Gobierno sigue planteando para el largo plazo las medidas encaminadas al futuro de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013, el papel estratégico de la agricultura en el horizonte 2020 de la UE y la vertebración y transparencia de la cadena agroalimentaria.
Europa Press
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