Un caso significativo ha sido la reciente sentencia que no ha reconocido el daño causado a un agricultor de la Ribera Alta al que le robaron coles valoradas en más de 2.500 euros. El agricultor, que procedió a denunciar inmediatamente este hecho y, además, localizó tanto a los vendedores como a la persona que supuestamente le había sustraído la mercancía, que tenía preparada para cargar en un camino rural de su propiedad, ha visto como ha quedado sobreseído provisionalmente este caso por la juez por falta -según la sentencia- de poder acreditar el carácter ilícito de la mercancía sustraída.
Esta situación ralla el absurdo, puesto que el agricultor localizó tanto sus cajas con su mercancía en un puesto de un mercado de la zona, así como el reconocimiento por parte de los propios vendedores de la persona que se los había vendido ilegalmente. Tras denunciar los hechos, parece que la justicia prefiere sobreseer el caso a aplicar la ley y proteger al agricultor, volviendo a mostrar las carencias del Código Penal en este tipo de delitos.
LA UNIÓ denuncia que hechos como estos ponen en peligro ya no sólo el desarrollo de la actividad agraria sino también que puede existir un delito contra la salud pública puesto que el consumidor puede estar consumiendo productos sin las garantías sanitarias adecuadas, ya que estos productos pueden contener restos de tratamientos contra las plagas que precisan de un período reglado antes de su puesta a la venta al cliente final. Y en el caso de esta reciente sentencia, la juez no ha tenido en cuenta el daño que esto puede suponer para la salud pública.
Además, LA UNIÓ quiere denunciar que la Conselleria de Agricultura tiene desde el pasado mes de febrero transferidas las competencias de inspección en destino, y la prueba de su nula implicación y actuación es que no detecta ni controla la venta de productos en los mercados y por tanto, hace dejadez de una función importante de defensa del agricultor y del consumidor.
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