La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, intervino ayer en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para valorar la repercusión de la reforma de la OCM del aceite de oliva en Castilla-La Mancha y explicar el desarrollo de las negociaciones en el ámbito comunitario hasta llegar a esta nueva regulación.
Mercedes Gómez afirmó que “no es que los acuerdos adoptados en Bruselas nos parezcan buenos” pero añadió que “puesto que la reforma se iba a hacer, tenemos que defender la postura que mejor proteja nuestros intereses, y tal y como se podría haber aprobado, con un 90% de desacoplamiento, esta solución nos parece la menos mala”.
Para respaldar este juicio, la consejera de Agricultura recordó que “el panorama que se presentaba a principios de marzo no era nada favorable a los intereses que venía defendiendo el sector castellano-manchego”, ya que el anterior Gobierno central defendió en Bruselas ese porcentaje del 90%, y “sólo quedaría un 10% para articular medidas específicas destinadas al olivar de bajo rendimiento”.
Mercedes Gómez insistió en que, con el cambio de gobierno a nivel nacional, la nueva ministra de Agricultura, Elena Espinosa, defendió el 60% de desacoplamiento, “reparto porcentual que ha venido defendiendo Castilla-La Mancha desde que se presentó la propuesta inicial, con el apoyo del sector”.
La consejera de Agricultura subrayó que “con el 40% del presupuesto se pueden obtener suficientes fondos para mantener la rentabilidad del cultivo de baja producción y evitar su abandono”.
Hay que tener en cuenta que el sistema planteado por la Comisión Europea es que al menos el 60% del presupuesto asignado se destinará a pagos directos a los agricultores, cuya cuantía se calculará en función de la producción obtenida en el periodo 1999-2002, con independencia de los resultados del cultivo que se obtengan a partir de ahora, de ahí que se llamen ayudas desacopladas. El 40% restante le será entregado a España en un sobre nacional para que lo reparta en función de sus propios criterios.
El acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE permite que España pueda decidir un aumento de la ayuda desacoplada o dedicar el sobre nacional íntegramente al olivar de bajo rendimiento. La consejera de Agricultura insistió en que “Castilla-La Mancha seguirá defendiendo que no se supere el 60% para mantener la rentabilidad del olivar de baja producción, por su importancia social y medioambiental”.
Mercedes Gómez destacó, como uno de los logros de la negociación, que al final se incluyera la campaña 1999/2000 dentro del periodo de referencia para calcular las ayudas, porque “supone un incremento del 17% en las subvenciones para Castilla-La Mancha respecto a la propuesta inicial”.
Para la consejera de Agricultura, “el aspecto negativo de la negociación es que solamente se ha obtenido un aumento de 20 millones de euros del presupuesto asignado al olivar español, una cantidad muy inferior a la que hubiera sido deseable de acuerdo con la producción que concentra España dentro del conjunto comunitario”.
Las dificultades de la negociación, según expuso Mercedes Gómez, han estado motivadas por la reforma aprobada en 1998, que supuso que a España se le asignara una cantidad garantizada muy por debajo de su producción, lo que implica que se le apliquen penalizaciones en las ayudas cuando supera ese límite. “En años de cosecha normal, las ayudas a la producción vienen teniendo una penalización en torno al 25% de su importe y los olivareros españoles cobran menos subvención por kilogramo de aceite que italianos y griegos”, añadió la consejera de Agricultura.
Además, en esa nueva regulación se eliminó la modalidad de ayuda a los pequeños productores, sin que se sustituyera por otras subvenciones para los olivares de bajo rendimiento que se localizan en zonas de montaña y otras zonas marginales. Para Mercedes Gómez, estas medidas están en la base del problema de desprotección del olivar tradicional.
JCCM