Esta es una reivindicación que el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias, solicitó al Ministerio de Agricultura en el año 2003, puesto que nuestra Comunidad Autónoma es la que tiene mayor porcentaje de este tipo de tierras en la Unión Europea.
En Castilla-La Mancha, el abandono obligatorio de tierras afecta a unas 180.000 hectáreas, que con la puesta en marcha de esta medida podrán aprovecharse para la producción de cereales desde la próxima campaña.
Según las estimaciones de la Comisión, la supresión del porcentaje de retirada podría servir de estímulo a los agricultores de la Unión Europea para producir en 2008 una cantidad adicional comprendida entre 10 y 17 millones de toneladas y paliar con ello parte del déficit actual de cereales en la UE, así como el incremento de los precios.
La propuesta afectará únicamente a las siembras del otoño de 2007 y la primavera de 2008, mientras que la adopción de una decisión permanente exigiría una revisión de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo año.
La retirada de tierras se introdujo para limitar la producción de cereales en la UE y se aplicó de forma voluntaria desde la campaña de 1988-89. Tras la reforma de 1992, adquirió carácter obligatorio, de forma que los productores debían retirar un porcentaje determinado de sus superficies declaradas para poder optar a las ayudas comunitarias.
En un principio, el porcentaje de retirada obligatoria se decidía anualmente, pero a partir de la campaña 1999-2000 se fijó un 10% para simplificar el sistema. Con la reforma de 2003, los agricultores recibieron los llamados «derechos de retirada», que dan derecho a un pago por la retirada de una hectárea de tierra subvencionable.
La eliminación del porcentaje de retirada de tierras no obliga a los agricultores a cultivar sus tierras, puesto que pueden seguir retirándolas de forma voluntaria y recurrir a los regímenes medioambientales.
Junta de Castilla-La Mancha