La actividad económica en Castilla-La Mancha disminuirá en 868,9 millones de euros (145.000 millones de pesetas) si se pone en marcha la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) planteada por el comisario europeo Franz Fischler.
Esta reforma, que perjudicará principalmente a los sectores de herbáceos, ovino y caprino, provocará pérdidas de 413,6 millones de euros en cereales, 61,2 millones en leguminosas, 24,7 millones en girasol, 216,4 millones en ovino de carne y 153 millones en ovino de leche.
Así lo indicó hoy el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, quien aseguró que, además, con esta reforma se producirá un recorte de las ayudas por modulación del 9% (55.008.389 euros sobre un montante total de 607.757.642 euros) y la pérdida de unas 18.000 explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha.
Estos son los datos que se desprenden del estudio sobre el impacto de la revisión intermedia de la PAC que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha elaborado para evaluar la repercusión de dicha reforma en el ámbito de la Comunidad Autónoma y que ayer estudió el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
Según dicho informe, presentado en rueda de prensa por Alonso y que hoy mismo será remitido al Ministerio de Agricultura, a estos datos hay que añadir que el 56% de nuestra superficie de secano (cereal, leguminosas y girasol), es decir, 942.757 hectáreas de un total de 1.656.235, son susceptibles de abandono por pérdida de rentabilidad.
Además, la práctica totalidad del ovino de carne desaparecería, ya que sólo sería rentable en rebaños de mil ovejas y siempre que el precio de la carne se incrementara un 23%, o en rebaños de 2.500 ovejas con un aumento del precio de la carne del 15,2%.
En cuanto al ovino de leche, la rentabilidad positiva sólo se obtendría para los rebaños de más de 450 ovejas que estén incluidas en la denominación del Queso Manchego, por lo que unas 3.000 explotaciones de ovino de leche podrían desaparecer.
Cifras “espeluznantes”
Alonso resaltó que estas cifras son “espeluznantes” y “obligan a hacer el máximo esfuerzo político y social para evitar que la reforma prospere”, por lo que instó al Ejecutivo de la Nación a que desarrolle una negociación “fuerte y dura” y, si es necesario, “amenazar con el veto”.
“Este es un tema de Estado” que debería ser tratado por el presidente del Gobierno, “y todavía no he oído una palabra de esta cuestión a José María Aznar”, añadió Alonso.
El consejero mostró su deseo de que las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno central con la Comisión Europea tengan un “feliz término y podamos celebrar que esta reforma ha sido abandonada o modificada sustancialmente, ya que, si no, tendremos que sufrir unas repercusiones muy importantes para la región en los próximos años”.
No obstante, apuntó que “la situación política no es la más favorable para negociar este documento”, ya que Aznar “ha dado un portazo a Europa y se ha desmarcado de los dirigentes europeos que creen en las políticas europeas”, alineándonse con Reino Unido, “que lleva años diciendo que hay que eliminar la PAC”.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, “va a tener una gravísimas dificultades para buscar aliados, porque los aliados naturales para defender la PAC, como Francia, Alemania o Italia, son países con los que España no sólo no tiene una buena relación diplomática, sino que ha roto unas buenas relaciones”.
Conclusiones de este estudio
Según desvela el informe sobre la PAC elaborado por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, si esta reforma se llevara a cabo, los efectos serían “gravísimos” para el futuro del sector agroalimentario en la región, ya que importantes actividades productivas dejarían de ser rentables en amplias zonas de la Comunidad Autónoma, lo que tendría una “importantísima repercusión” sobre el empleo, la actividad y los ingresos.
Así, la aplicación de esta medida supondría en Castilla-La Mancha el abandono de la explotación por parte de los agricultores y ganaderos; la disminución de la producción agrícola y, por tanto, un decaimiento importante de la renta agraria; y la disminución de la producción de carne de ovino y el consiguiente aumento del precio del producto final.
También se produciría una pérdida absoluta del aprovechamiento de rastrojeras y restos de cultivos como consecuencia de la disminución de los censos ganaderos, así como una disminución de la población y, en algunos pueblos que viven exclusivamente de la agricultura y la ganadería, podríamos hablar incluso de éxodo rural a grandes núcleos urbanos.
Asimismo, tendría lugar una jubilación anticipada en gran parte de la población activa dedicada a la agricultura y la ganadería y se produciría una repercusión negativa muy importante en la comercialización en la industria agroalimentaria.
Condiciones que propone la Comisión Europea
La propuesta de la Comisión Europea establece una ayuda única por explotación, independientemente de la producción, lo que significa que está dispuesta a pagar a los perceptores de ayudas produzcan o no produzcan.
En opinión de Alonso, ésta es una situación “absolutamente insoportable”, porque ni los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ni la sociedad en general van a aceptar que la gente cobre por no hacer nada.
La Comisión Europea también establece unas condiciones para cobrar las ayudas que se fijan en función de condiciones no estrictamente productivas, es decir, vinculadas con el bienestar animal, el medio ambiente, la seguridad e higiene en el trabajo o la salubridad de los alimentos.
Además, anuncia una potenciación de las políticas de desarrollo rural sin fijar las condiciones claras en que consistiría el incremento de ayudas para la política de desarrollo rural.
Por último, la Unión Europea llama “modulación” a lo que, según Alonso, “simple y llanamente es una reducción de las ayudas directas a las explotaciones”.
Esta modulación comenzaría a aplicarse a partir del año 2006 con una reducción progresiva desde 2006 a 2012 que iría reduciendo las ayudas agrarias hasta un 19%.
En cuanto a política de mercados, se reduce en un 5% el precio de intervención de los cereales, se mantienen las cuotas lácteas hasta el año 2014-2015 y se proponen reformas específicas en los sectores de trigo, arroz, fécula de patatas y forrajes desecados.
Para Alonso, “el desacoplamiento de las ayudas supondría el abandono de la actividad en todos aquellos municipios que tienen unos índices de rentabilidad productivos bajos, que son la mayoría de nuestra Comunidad Autónoma”.
En el caso de cultivos herbáceos, haría desaparecer una superficie importantísima y, por tanto, las tierras pasarían a estar improductivas, abandonadas y habría una desaparición importante de actividad, de puestos de trabajo y de población en los núcleos rurales.
En cuanto a la propuesta de modulación, ésta no establece ningún sistema de preservación de la actividad en los sectores prioritarios, ya que no hace diferencias entre profesionales y no profesionales. Además, dijo Alonso, establece unos umbrales de aplicación tan bajos que sería prácticamente uniforme, “cuando un buen sistema de modulación debe preservar la renta de los agricultores a título principal y de las explotaciones prioritarias”.
JCCM