El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha afirmado que su departamento no ha tenido más remedio que dar orden de paralización de las obras que la Confederación Hidrográfica del Tajo realiza en arroyos y ríos de la provincia de Toledo, ante la “existencia de importantes deficiencias administrativas en la gestión y autorización de las obras, así como de daños ambientales producidos por éstas”.
Según aclaró hoy el consejero ante los medios de comunicación, fueron los agentes medioambientales y técnicos de la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente los que detectaron esta situación durante las visitas de inspección rutinarias, no ordenadas por la Consejería, que realizaron el 23 y 24 de agosto y tras las cuales levantaron acta de las mismas.
Así mismo, Alonso informó que estas obras también han sido inspeccionadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), si bien desconoce si han iniciado actuaciones tras las visitas realizadas.
Alejandro Alonso especificó que son seis los incumplimientos administrativos que justifican esta orden de paralización “pensada y documentada”, que son:
? Ausencia del pronunciamiento de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente sobre la exención del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
? Ausencia de medidas correctoras a adoptar que deben ser propuestas por la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
? Ausencia de los informes ambientales preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha que se tendrían que remitir al Ministerio de Medio Ambiente.
? Ausencia de autorización de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para la poda, corta o arranque de vegetación.
? Ausencia de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para modificar o alterar la estructura de la vegetación de ribera de ríos y arroyos.
? Y, ausencia de autorización de la Consejería de Agricultura y Medio Ambientes para alterar hábitats de protección especial.
Además de los incumplimientos administrativos, el consejero concretó los importantes daños ambientales que se han producido, como son la excavación del lecho y perfilado de los taludes de los cauces con maquinaria pesada; la destrucción de formaciones arbóreas consideradas hábitats de protección especial (sauces, alamedas, fresnedas y tarayales) y destrucción de carrizales, espadañales y juncales; y la destrucción de los hábitats naturales y nidos de especies catalogadas en período de reproducción (martín pescador, zarcero común, mirlo común, buitrón, escribano palustre y escribano soteño).
Soluciones
Ante esta situación y desde una postura de colaboración, como demuestran las reuniones que su departamento ha mantenido ya con la CHT y la Consejería de Obras Públicas, Alonso informó de las soluciones que permitirían la realización de las actuaciones de limpieza en los arroyos y riberas.
En el caso de las obras que aún no se han iniciado, es necesario emitir un informe ambiental por parte de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente proponiendo las medidas correctoras para hacer las obras que se remitirá a la CHT y a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente; esta Dirección General deberá publicar en el BOE las medidas correctoras que proponga para cada obra y que deberá ejecutar la CHT; y la Confederación deberá solicitar a la Consejería de Agricultura la autorización para la poda y corta de árboles, para modificar la estructura de la vegetación y para modificar los hábitats catalogados de protección especial.
Para las obras que ya están realizadas, la Consejería pide que la CHT solicite las autorizaciones mencionadas anteriormente; la publicación en el BOE las medidas correctoras adoptadas por la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente; e, independientemente de esto, la Consejería proseguirá la tramitación de los expedientes de denuncia que fueron efectuados por los posibles daños causados a la fauna y a la flora.
Alonso quiso dejar claro que “la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha actuado en todo momento bajo el principio de legalidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones, que no son otras que la preservación del medio ambiente”, agregando que si bien estas obras se hacen a través de un convenio entre la CHT, la Consejería de Obras Públicas y la Diputación Provincial de Toledo, es la Confederación la única responsable en la ejecución de las obras, ya que la Consejería y la Diputación participan sólo financiando el 30% del presupuesto que se completa con fondos de la Unión Europea.
En ningún momento, manifestó el consejero, se cuestiona el objeto y la finalidad del citado convenio con el que se pretende la limpieza de los arroyos y los cauces de los ríos. Sin embargo, Alonso se preguntó por qué la CHT realiza estas obras ahora con precipitación, y no las ha realizado en años anteriores, cuando su responsabilidad es mantener siempre limpios los cauces de los arroyos.
Por último y a preguntas de los periodistas, Alonso manifestó que ha percibido buena voluntad de por parte de la CHT, lo que puede abrir expectativas de alcanzar una solución razonable al conflicto. Aunque las declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, sobre este tema “me hacen ser un poco más receloso, porque más bien parecen marcadas por el interés político partidario”.
En este sentido, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente pidió a Zoido “más prudencia en sus valoraciones y que cuando habla de descontrol mire en su casa. Como responsable público y político encargado de que se cumpla la legalidad le pediría que se esmere en asegurar que en este caso no se ha incumplido legislación del Estado”. “Le pediría que solicitara las actas que puedan haberse levantado por el Seprona y si no se han levantado que pida una investigación porque tiene competencia para ello” concluyó Alonso.
JCCM