El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, aseguró el viernes que la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas comunitarias concedidas al cultivo del lino “confirma todas y cada una de las actuaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha en este asunto y que estabamos en lo cierto al denunciar este fraude” y añadió que “además demuestra que no se trataba de un montaje electoral, sino que estamos ante un asunto gravísimo que está teniendo importantes repercusiones”.
Alonso, tras señalar que todavía no se tiene información oficial y “sólo dispongo de las noticias aparecidas en los medios de comunicación”, manifestó que “todos los que se han acercado de buena fe a investigar este asunto, a excepción del Gobierno de España y del partido que lo sustenta (PP), nos han dado la razón en nuestras denuncias: la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y ahora la Comisión Europea”.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente explicó que ésta es la multa más rigurosa que se le ha puesto nunca al Gobierno español, ya que “la propuesta de la Comisión es la devolución del cien por cien de las ayudas comunitarias en tres campañas”.
A juicio de Alonso, está multa tan drástica demuestra el interés de la Comisión en acabar con este tipo de actuaciones fraudulentas, así como “viene a penalizar la pasividad del Gobierno español, con Loyola de Palacio, durante tres años consintiendo esta situación irregular, pese a que estaba siendo denunciado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y diversos medios de comunicación”.
En este sentido, el consejero manifestó su esperanza de que la entonces responsable del Ministerio de Agricultura, Loyola de Palacio, cumpla su palabra y asuma sus responsabilidades. “De Palacio prometió cuando tomó posesión de su cargo en la Unión Europea que dimitiría si se demostraba que hubo un fraude generalizado en el lino y ahora son sus compañeros de la UE quienes multan al Gobierno español por este fraude”.
Asimismo, Alonso señaló que el Gobierno de España debe explicar por qué no se hizo nada cuando se denunciaron los hechos, por qué no se intentó solucionar este problema en el ámbito español y por qué tendrán que ser los contribuyentes quienes paguen por la nefasta gestión de Loyola de Palacio al frente del MAPA.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente manifestó que la decisión de la Comisión Europea no le alegra, ya que “es triste que haya tenido que ocurrir algo que afecta al prestigio de nuestro país y del Gobierno español, pero es evidente quiénes son los responsables de esta situación”.
A preguntas de los medios de comunicación sobre la cuantía económica que supondrá la devolución de las ayudas comunitarias, Alonso indicó que si esta propuesta es ratificada tal y como está planteada ahora, estaríamos hablando de una cifra superior a los 20.000 millones de pesetas, que son las ayudas cobradas en las campañas 96-97, 97-98 y 98-99.
No obstante, el consejero explicó que el Gobierno de España tiene un plazo de tiempo para presentar sus observaciones y alegaciones a la Comisión Europea antes de que ésta tome una decisión definitiva.
Respecto a cómo se pagaría esta multa, Alonso indicó que es el Gobierno de España el que tiene que abonar este dinero y decidir cómo y de dónde obtiene el dinero.
JCCM