Nota de WWF/Adena
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG,) ha presentado su Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad ambiental o, incluso, simplemente preocupada por el futuro de la agricultura en Castilla La Mancha, es consciente de que recuperar los acuíferos, hacer sostenible el regadío y compatibilizar las actividades agrícolas con la conservación ambiental son objetivos ineludibles para la propia supervivencia de los agricultores. Sin embargo, la lectura del PEAG muestra que los errores en su planteamiento le impiden lograr estos fines declarados.
El grave problema de las actividades agrícolas en el Alto Guadiana es que sus regadíos continúan utilizando el agua del acuífero 23, sobre explotado desde hace muchos años. Aunque parezca una perogrullada, para que un acuífero se recupere hay que extraer cada año menos agua de la que se recarga. Y este objetivo, tan claro en teoría, es lo que no logra el PEAG.
La incoherencia fundamental es que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no se pone como meta principal lograr la reducción del consumo hasta hacerlo sostenible sino, por encima de todo, extraer (nominalmente) 200 hm3 de agua cada año para los regadíos. Este nivel de extracción impide la recuperación del acuífero antes del año 2042, según los datos de la propia CHG.
Pero aún hay más. La Junta pretende mantener 151.000 hectáreas de regadío para que se repartan anualmente esos 200 hm3. El consumo por hectárea así resultante es irrealmente bajo y, de hecho, insuficiente para que los cultivos no se malogren. Dada la experiencia que se tiene de esta zona, donde hasta el 50% de los regantes legales también hacen un uso ilegal del agua, todo el mundo sabe que los agricultores utilizarán, no sólo lo establecido por la CHG, sino toda el agua necesaria para llevar sus cultivos a feliz término.
Por otra parte, la CHG ofrece la posibilidad de reducción de regadíos mediante la recompra voluntaria de derechos de extracción a los consumidores legales. Ese podría ser un instrumento en parte válido si no fuera porque los derechos de extracción actuales equivalen al doble de los recursos anuales. Es decir, en teoría, se puede extraer legalmente el doble del agua que entra cada año en el acuífero. Por supuesto, esto hace que en este momento existan muchos pozos que tienen derecho a sacar agua pero que ahora están secos o tienen caudales ínfimos, por lo que no se utilizan. Pero si la compra hace que los niveles de aguas subterráneas empiecen a recuperarse, estos pozos “muertos” volverán a tener agua y sus propietarios la usarán de nuevo, anulando la regeneración deseada del acuífero. El volumen de agua que habría que comprar para lograr la recuperación auténtica del acuífero resulta así tan exorbitante que ninguna administración pública tiene suficientes recursos para realizar ese tremendo desembolso. Además, existen más extracciones ilegales que legales, 24.000 pozos ilegales frente a 16.000 con derechos, por lo que el alcance de esta medida resultará también insuficiente.
La sed de esta agricultura en La Mancha no para de crecer. Las 85.000 ha de viñedos regados consumen ya más de la mitad del agua extraída de los acuíferos sobre explotados. Con los fondos de la Organización Común del Mercado del Vino de la Unión Europea se ha comprometido la implantación para 2008 de variedades en espaldera, necesitadas de riego, en 10.000 hectáreas adicionales. Esto constituye un obstáculo más para alcanzar el uso sostenible del agua del subsuelo.
Dados todos estos condicionantes, WWF/Adena está firmemente convencida de que el único medio de lograr la sostenibilidad es la disminución de la superficie regada hasta alcanzar una área que necesite menos de 130 hm3 al año. Esto deberá ser impulsado por un cambio en la política agraria de la Junta de Comunidades, si queremos cumplir los objetivos de la Directiva Marco de Agua (DMA) antes de 2027. Pero existen condiciones previas para lograr este objetivo, como es la recompensa económica al secano por su papel multifuncional y su contribución a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Por parte de la CHG es preciso un control estricto y sanción de las extracciones ilegales y la imposición de caudalímetros en todos los pozos legales. Pero antes de todo es preciso convencer a la sociedad de la necesidad de lograr una gestión y uso racional del agua en la zona, por su propio interés y el de las generaciones futuras.
Para garantizar que se van a cumplir los compromisos de la DMA por parte del Estado Español, que busca lograr el buen estado de las aguas en toda la Unión, la Junta debería redactar un decreto fijando sus objetivos, inversiones y actuaciones en relación con el PEAG. Igualmente, la Junta debería ejercer sus competencias para evitar las perforaciones ilegales y facilitar su control.
En opinión de WWF/Adena, si la Junta de Comunidades promueve un PEAG cuyo único fin sea conseguir el máximo de ingresos para la zona, en lugar de constituir una propuesta coherente para hacer sostenible el regadío de la región, sus fines no contribuirán a los objetivos ambientales de la UE y, por tanto, ni Europa ni el Estado Español deberían financiar tal Plan.
WWF/Adena