La Comisión Europea presentó ayer su estrategia para abordar las negociaciones de la ampliación de la UE en el ámbito de la agricultura: los pagos directos a los agricultores y el nivel de cuotas de producción para los nuevos países miembros, una vez que hayan entrado a formar parte de la Unión Europea en 2004. Para paliar los problemas inherentes a la transición en las zonas rurales y para fomentar la necesaria reestructuración del sector agrícola de los nuevos Estados miembros, la Comisión propone intensificar la ayuda financiera mediante una política reforzada de desarrollo rural. Habida cuenta de que la introducción inmediata del 100% de los pagos directos llevaría a la congelación de las estructuras existentes y supondría un obstáculo a la modernización, la Comisión defiende la introducción gradual de los pagos directos a lo largo de un periodo transitorio de diez años: en 2004, 2005 y 2006 pagos directos equivalentes al 25, 30 y 35%, que alcanzarán el 100% en 2013. De acuerdo con la propuesta, estas ayudas también podrán complementarse con fondos nacionales. No obstante, los nuevos Estados miembros tendrán acceso inmediato y pleno a las medidas de mercado de la política agrícola común (PAC), como por ejemplo la intervención en el sector de los cereales.
Con el fin de asegurar la simplicidad y garantizar unos controles adecuados desde el primer día, la Comisión ha propuesto un sistema simplificado de pagos directos para los tres primeros años, con una opción de prolongarlo dos años más. Los nuevos Estados miembros contarán con la posibilidad de conceder pagos directos en forma de un pago por superficie disociado de la producción y pagado por hectárea. La Comisión propone también determinar las cuotas de producción del azúcar y la leche a partir de la producción media de los años 1995 a 1999. La estrategia presentada hoy es plenamente compatible con los límites máximos del gasto para la ampliación aprobados por el Consejo Europeo de Berlín de 1999 y con los compromisos contraídos por la UE ante la OMC, incluida la posición de negociación en materia agrícola de la UE para la OMC – el Programa de Desarrollo de Doha.
Franz Fischler, Comisario Europeo de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, ha declarado: "Se trata de un paquete de medidas equitativo, equilibrado y razonable. Nuestra estrategia tiene sentido en términos económicos, ecológicos y sociales, puesto que garantiza que el dinero de la UE se utiliza correctamente impulsando el necesario proceso de reestructuración en los nuevos Estados miembros. Y tiene sentido porque respetamos plenamente los límites máximos financieros de Berlín.
En comparación con los 15 países de la UE actual, estamos dispuestos a conceder una ayuda complementaria de desarrollo rural del 50% a los nuevos Estados miembros para que pongan en marcha una política de desarrollo rural global y sostenible. Tenemos que hacer frente a nuestras responsabilidades. Si no ayudamos a modernizar la agricultura y a diversificar el empleo en las zonas rurales, la reestructuración agrícola producirá una espiral de paro creciente y comunidades desestabilizadas. Sería contraproducente conceder el 100% de los pagos directos de forma inmediata, ya que haría más lenta la reestructuración y podría resultar un factor de división social. Por lo tanto, proponemos la introducción inicial de los pagos directos a un nivel mucho más bajo, de red de seguridad, que constituya una medida de estabilidad en las rentas. Está claro que tras los periodos de transición habrá una única PAC para todos los Estados miembros de la UE y no una política agrícola a dos niveles. Hablando claro: una Unión Europea más amplia cuesta dinero. Convertir el debate sobre la ampliación en una simple "operación hucha", sencillamente, no resultaría. Si los Estados miembros están a la altura de sus compromisos, los costes se pueden gestionar".
¿Cuáles serán las repercusiones financieras?
El enfoque de la Comisión respeta plenamente el marco financiero para la ampliación decidido por los Jefes de Estado y de Gobierno en Berlín.
Gastos agrícolas ("pagos(1)") previstos para diez nuevos miembros :
Una política de desarrollo rural reforzada para provocar el cambio
Para abordar los problemas estructurales de las zonas rurales de los nuevos Estados miembros, la Comisión preconiza una estrategia desarrollo rural reforzada, amplia en su ámbito de aplicación y – en comparación con los fondos disponibles para los actuales miembros de la UE – incrementada desde el punto de vista financiero. Desde el primer día a partir de la adhesión una serie de medidas de desarrollo rural serán cofinanciadas por la UE hasta un porcentaje máximo del 80% (véase más abajo).
Una medida especial para hacer viables las explotaciones agrícolas en régimen de semisubsistencia
En los países candidatos perviven muchas explotaciones agrícolas de semisusbsistencia que producen para su propio consumo pero que comercializan la mayor parte de su producción. Para ayudarlas a convertirse en unidades comercialmente viables, se propone una medida específica para las explotaciones de semisubsistencia. Esta medida adoptará la forma de una ayuda a tanto alzado de 750 € como máximo. El pago de la ayuda estará supeditado a la presentación de un plan de explotación que demuestre la futura viabilidad económica de la empresa. La ayuda temporal a la renta servirá para paliar los problemas de liquidez y las dificultades en los ingresos de los hogares al tiempo que se emprenden nuevas medidas de reestructuración para garantizar el futuro de la explotación.
Medidas de desarrollo rural subvencionables (80% como máximo financiado por la UE)
jubilación anticipada de los agricultores
ayuda a las zonas más desfavorecidas o a las zonas con restricciones medioambientales
programas agroambientales
forestación de tierras de labor
medidas específicas para las explotaciones agrícolas de semisubsistencia
creación de agrupaciones de productores
asistencia técnica
Los Fondos Estructurales (sección de Garantía del FEOGA) financiarán medidas de desarrollo rural adicionales(2).
Incremento gradual de los pagos directos
El planteamiento de la Comisión consiste en fijar el nivel inicial al que se van a conceder los pagos directos en 2004 en un porcentaje equivalente al 25% del sistema actual, que se incrementará al 30% en 2005 y al 35% en 2006. En una segunda fase, después de 2006, los pagos directos irán incrementándose en escalones porcentuales de forma que se garantice que en 2013 los nuevos Estados miembros alcanzan el nivel de ayuda aplicable en ese momento.
La Comisión ha tomado en consideración varios factores: si las ayudas directas se introducen con excesiva rapidez en los países candidatos, existe un riesgo importante de que la tan necesaria reestructuración se realice más lentamente o incluso se paralice, creando un círculo vicioso caracterizado por una escasa productividad, niveles de exigencia bajos y elevado paro encubierto. Unos pagos directos elevados probablemente consolidarían las estructuras existentes en un periodo que debería ser de rápida reestructuración.
En el caso concreto de las explotaciones de semisubsistencia, los pagos elevados consolidarían un tipo de producción basado en el consumo privado garantizando su viabilidad. Habría pocos incentivos para invertir esta ayuda en producción o en actividades alternativas, objetivos éstos a los que se destinan más específicamente los programas de desarrollo rural. Un exceso de inyecciones de liquidez a través de las ayudas directas en favor de segmentos específicos de un grupo profesional implicaría un riesgo de creación de considerables disparidades en los ingresos y de distorsiones sociales.
Posibilidad de complementar las ayudas con financiación nacional
Siempre que la ayuda nacional concedida antes de la adhesión fuera más elevada que los pagos directos de la PAC en virtud del enfoque del incremento gradual, esto podría dar lugar a problemas económicos para los agricultores afectados. Además, se podría culpar a la adhesión a la UE de la reducción de la ayuda a la renta agrícola. Para evitar estos efectos no deseados, deberá dejarse a los nuevos Estados miembros la facultad de complementar las ayudas directas hasta llegar al nivel aplicable antes de la adhesión, siempre que la totalidad de la ayuda no supere el nivel de las ayudas directas en los actuales Estados miembros de la UE. Estas aportaciones nacionales complementarias deberán ser aprobadas por la Comisión.
Aplicación simplificada de los pagos directos transitoria y optativa
En virtud del sistema simplificado, los nuevos Estados miembros deberán tener la opción de conceder pagos directos durante un periodo limitado en forma de un pago por superficie disociado aplicado a toda la superficie agrícola. Basándose en su dotación total de ayudas directas y su superficie agrícola utilizada, se calculará para cada país un pago medio por superficie. Podrán optar al pago todos los tipos de tierras agrícolas. El tamaño mínimo de la superficie subvencionable se fijará en 0,3 ha. Este enfoque debe ser optativo y transitorio. El régimen simplificado estará disponible durante tres años y será renovable por dos periodos de un año. Los controles de los pagos serán realizados mediante un simple control físico de las tierras, en principio, a través del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC). Al final del periodo transitorio, los nuevos Estados miembros entrarán en el sistema regular de ayuda directa a la renta en la forma que sea aplicable en ese momento.
Si las necesarias estructuras de gestión y control no funcionan adecuadamente al final del periodo de aplicación del régimen, el régimen simplificado continuará aplicándose y el incremento anual del porcentaje de los pagos directos en virtud del enfoque citado se congelará hasta que se hayan resuelto los problemas. Es preciso subrayar que este sistema simplificado no constituye una alternativa al SIGC sino más bien una limitación de la aplicación del SIGC en los primeros años a disposiciones más sencillas para los pagos directos.
Este enfoque presenta una serie de ventajas. La aplicación será simple y fácil de verificar, reduciéndose las posibilidades de irregularidades. Esto dará tiempo a consolidar en particular el sistema SIGC para los pagos directos. Al mismo tiempo, reducirá los efectos del ajuste: los cambios en los niveles de ayuda serán más homogéneos y se atenuarán las presiones hacia la intensificación y el daño medioambiental. Por último, facilitará el acceso de los pequeños agricultores a los fondos comunitarios.
Cuotas de producción basadas en periodos de referencia recientes
Como principio general, la Comisión propone determinar los instrumentos para la gestión del suministro de la producción agrícola, tales como las cuotas de producción, a partir de los periodos de referencia históricos más recientes para los cuales existen datos disponibles, desde 1995 a 1999. Las estadísticas de los países candidatos correspondientes a un periodo reciente son más fiables que las del periodo de pretransición y reflejan mejor la adaptación de las estructuras de producción. Esto no implica que este periodo de cinco años se vaya a utilizar uniformemente para todos los regímenes afectados, sino que más bien servirá como marco temporal dentro del cual se elegirá normalmente el periodo de referencia más adecuado para cada régimen. En lo relativo a las cuotas lácteas, la Comisión propone utilizar cifras de producción de los años 1997-1999. Cuando proceda, podrán tenerse en cuenta condiciones excepcionales como las catástrofes naturales o las perturbaciones importantes del mercado.
(1) Para 2004, no tienen que presupuestarse pagos directos en el presupuesto de la UE. Aunque serán abonados por los Estados miembros en 2004, sólo serán reembolsados por el presupuesto comunitario en 2005.
(2) Inversiones en las explotaciones agrícolas, ayuda a jóvenes agricultores, formación, otras medidas forestales, mejora de los procesos de transformación y comercialización, adaptación y desarrollo de las zonas rurales.
Comisión Europea