Pérez Saldaña invita en el Senado a ratificar el Pacto Andaluz por la Dehesa y apuesta por armonizar el desarrollo urbanístico con la actividad agraria
El consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, ha defendido la relevancia para Andalucía de que el nuevo Marco Comunitario de Apoyo tenga carácter autonómico, de manera que las regiones adapten las medidas a sus realidades y sus necesidades. De esta forma, apuntó el representante del Gobierno andaluz, se daría respuesta a una comunidad como Andalucía, «cuya agricultura, agroindustria y medio rural tienen un peso específico muy importante, tanto en su territorio como en el conjunto nacional».
Durante su intervención de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, donde hoy todos los responsables autonómicos del ramo hicieron un repaso a los problemas y futuro del nuevo marco financiero de la Unión Europea, Pérez Saldaña resaltó que en el nuevo marco no deben existir ‘Reales Decretos que condicionen la aplicación de las ayudas y no permiten optimizar los recursos, contraviniendo el espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía y la plena competencia que éste nos otorga en materia de agricultura’.
No obstante, señaló que el Ministerio de Agricultura, en aplicación de sus competencias de coordinación, puede marcar «unas directrices de carácter general y definir el marco en el que nos tenemos que mover». Por ello, apoyó la futura Ley de Desarrollo Rural, que confió en que contenga unas medidas horizontales que permitan dotar al medio rural del acceso a los servicios y de la calidad de vida, «sin los que no existe una verdadera igualdad de oportunidades», apostilló.
El consejero andaluz destacó que la Población Activa Agraria representaba en 2005 un 9,8% sobre la población activa total; la aportación de Andalucía a la rama agraria nacional en ese mismo año fue de 24,1%; y el regadío en la comunidad autónoma contribuye a la creación de empleo y riqueza, ocupa el 22% de la Superficie Agraria Útil y aporta el 57% de la Producción Agraria y el 60% del empleo.
Asimismo, indicó que la horticultura intensiva, centrada en las provincias de Almería y Huelva y extensible hacia la costa de Granada y Málaga, ha actuado como una «potente locomotora» para el resto de sectores económicos, mientras que el sector productor está apostando por la certificación de la calidad, de manera que garantice a los consumidores el máximo respeto a las normas medioambientales, laborales y sobre residuos.
Pérez Saldaña ni quiso terminar su recorrido por el agro andaluz sin hacer referencia al sector de la agroindustria, el primer sector industrial de la comunidad en cuanto a empleo generado, valor añadido, inversión y contribución a las exportaciones y al equilibrio de la balanza comercial, y cuyas empresas facturaron en 2004 más de 12.000 millones de euros.
Sin embargo, reconoció que el peso del sector en el contexto nacional «es muy inferior al de nuestra Producción Agraria», lo que revela que existen «serias deficiencias en la incorporación de valor añadido y en la comercialización de nuestras producciones agrarias y pesqueras». Por este motivo, anunció que para el próximo Marco Comunitario Común, Andalucía propone orientar los incentivos a la agroindustria hacia el apoyo a la concentración de la oferta y de la estructura empresarial, la mejora de la comercialización, la innovación tecnológica y la capacidad de adaptación a las demandas del mercado.
Continuidad de las ayudas
De cara al futuro, Pérez Saldaña subrayó que las ayudas de la PAC han cumplido un papel fundamental en la modernización de la agricultura andaluza y en el mantenimiento de las rentas de los agricultores y ganaderos. De ahí que defendiera la necesidad de que dicho apoyo se mantenga más allá del marco financiero 2007-2013, «en consideración a las implicaciones sociales, económicas, medioambientales, paisajísticas y culturales de la actividad agraria», dijo.
En este marco, el consejero aseguró que «Andalucía es partidaria de una modulación flexible y voluntaria, actualmente a debate en el ámbito comunitario, con el objeto de reforzar la política de Desarrollo Rural y la de I+D+i».
Recordó que la reforma de la PAC iniciada en 2003 –y concretamente las reformas del algodón y de la remolacha azucarera– han supuesto un «duro golpe» para las zonas del Valle del Guadalquivir y advirtió de que si se aplican tal como las ha planteado la Comisión Europea, «obligarían a una auténtica reconversión agraria e industrial en unas comarcas sin alternativas de empleo y de actividad fuera de la agricultura y la agroindustria».
Por ello, tildó de «fundamental» que la Comisión modifique las disposiciones que prohiben cultivar hortícolas en tierras sujetas al pago único. «Se trata de una cuestión vital para las comarcas agrarias del Guadalquivir, que se están viendo empujadas a una reconversión forzosa por la reforma de la PAC», apuntó.
Entre los planes de futuro, apostó además por analizar y revisar la normativa y el funcionamiento de las Organizaciones Interprofesionales, de forma que respondan a su fin de regular la oferta, la promoción, la política de calidad y la de I+D; así como por facilitar al máximo la contratación en origen mediante un proceso ordenado y participado con los sindicatos.
Pacto Andaluz por la Dehesa y desarrollo urbanístico
También invitó a los presentes a ratificar el Pacto por la Dehesa, con la posibilidad de promocionar, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con la República de Portugal, «un pacto de mayor entidad que nos permita unir fuerzas y esfuerzos en defensa de este sistema de uso y gestión agraria y medioambiental ejemplar».
Por otro lado, considero «imprescindible» armonizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de la agricultura, por lo que anunció que dentro del marco competencial de la comunidad autónoma «vamos a desarrollar una delimitación clara para la protección de zonas agrarias sometidas a un acoso importante del urbanismo invasivo»
Junta de Andalucía