El nuevo régimen comunitario de ayudas al algodón debe establecer los porcentajes de ayuda acoplada y desacoplada adecuados para que el cultivo sea rentable, además de asegurar el suministro de materia prima a la industria desmotadora. Así lo ha expuesto ante la Cámara andaluza el responsable de la Consejería de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, quien ha intervenido en un debate agrupado sobre la sentencia del Tribunal Europeo que anula el actual reglamento de este cultivo.
Para facilitarle el trabajo a la Comisión Europea, además de proteger los intereses del sector, «estamos trabajando con el sector productor y desmotador con el fin de alcanzar una propuesta razonable y consensuada», que deberá defenderse en el seno de las instituciones comunitarias.
Asimismo, Pérez Saldaña ha insistido en que ésta debe ceñirse a los argumentos de la sentencia que anula el régimen de ayudas al algodón. En este sentido, deben tenerse en cuenta las aportaciones de los agentes socioeconómicos y expertos, así como de los gobiernos afectados, en especial Grecia y, en menor medida, Portugal, además del español. Del mismo modo, los acuerdos vigentes de la Unión Europea con la OMC en lo relativo a la eliminación de las ayudas que distorsionan el comercio.
En este orden de cosas, ha recordado que la sentencia se refiere a la falta de un estudio de impacto en las zonas productoras para motivar la anulación del régimen de ayudas, además de la violación de principios fundamentales del derecho comunitario, principalmente el de proporcionalidad.
La consecuencia del régimen recurrido ha sido la aplicación de las nuevas ayudas en la campaña 2005/06 con unos «efectos negativos indudables para el sector» que, sin duda, deberían servir como planteamiento inicial a la Comisión a la hora de proponer un nuevo reglamento del cultivo. Así, en la próxima campaña 2006/2007 el cultivo del algodón en Andalucía parte de una situación diferente a la de cosechas anteriores en cuanto a la superficie total cultivada, que se ha reducido casi un 30%, y su distribución tanto en el sistema de cultivo empleado (regadío o secano) como en su reparto geográfico.
Régimen impugnado
En su comparecencia, el representante del Gobierno andaluz ha recordado que el régimen de ayudas impugnado establecía un ajuste de los porcentajes de reparto de ayuda vinculada y desvinculada, fijándolo en 35% y 65%, y una reducción de 103 a 22 millones de euros en el total de ayudas destinadas a facilitar la reestructuración del sector. Del mismo modo, fijaba una modificación de las superficies totales con derecho a ayuda.
Este sistema mixto –similar al resto de OCMs reformadas en 2003- de ayuda desacoplada, ayuda por superficie y pago adicional para la mejora de la calidad aplicado al sector andaluz supone, entre otras cuestiones, una ayuda desacoplada del 65% que implica la percepción de 1.509 euros por hectárea, con base a la superficie declarada en el período 2000- 2002, en forma de derechos de pago único.
El 35% restante representa 1.039 euros por hectárea, vinculada al cultivo del algodón y al cumplimiento de unas condiciones adicionales. La superficie base establecida es de 70.000 hectáreas, a partir de la cual se penaliza la parte acoplada, y para los agricultores que pertenezcan a una organización interprofesional autorizada la ayuda por hectárea se incrementa con un importe de 10 euros.
Ante esta situación «impulsamos un acuerdo de bases para el apoyo del sector (suscrito el 1 de julio de 2005), con la finalidad de asegurar su viabilidad a pesar de la reforma y a la espera de la sentencia del recurso interpuesto», ha manifestado el consejero. Con el mismo fin, la Junta negoció y logró la autorización de la UE para establecer a partir de esta campaña una ayuda agroambiental de 350 euros por hectárea, dirigida a apoyar métodos de producción sostenibles. Asimismo, «promovimos la aplicación del artículo 69 en el régimen del algodón para fomentar el cultivo».
En la misma línea, se solicitó la suspensión provisional de la entrada en vigor de la reforma y el mantenimiento durante el mismo plazo del régimen de ayudas vigente anteriormente, ambos desestimados, por lo que la reforma entró en vigor el 1 de enero del presente año, aunque pendiente de la resolución del recurso de anulación presentado ante el Tribunal de Justicia europeo.
JUNTA ANDALUCÍA