La Consejería de Medio Ambiente elabora una norma para adecuar el Real Decreto sobre suelos contaminados en Andalucía
La Consejería de Medio Ambiente está elaborando una norma para aplicar en nuestra Comunidad Autónoma el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Aunque esta norma estatal ya se está aplicando actualmente, se ha considerado necesario detallar algunos aspectos técnicos y procedimentales para una mejor adecuación a las necesidades de nuestra comunidad.
Uno de los aspectos más destacados que recogerá la futura normativa autonómica es la inclusión de niveles genéricos de referencia para elementos traza (mayoritariamente metálicos), así como los procedimientos para evaluar los emplazamientos afectados por este tipo de contaminantes. Los niveles genéricos de referencia son concentraciones de contaminantes en los suelos, cuya superación puede suponer una merma en la capacidad de uso de los mismos. La determinación de dichos niveles está basada en los trabajos de investigación realizados por las universidades de Sevilla, Huelva y Granada por acuerdo específico con la Consejería de Medio Ambiente.
Las actividades potencialmente contaminantes vienen definidas en el Real Decreto 9/2005 por una lista de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), así como por la presencia en las instalaciones de sustancias peligrosas o almacenamientos de combustible para uso propio cuando se superen determinadas cantidades. Las actividades afectadas incluyen, entre otras, la fabricación de pasta papelera, papel y cartón, producción y primera transformación de metales, fabricación de productos químicos básicos y de maquinaria diversa, fabricación, mantenimiento y reparación de vehículos a motor, comercio de combustibles, fabricación de muebles, depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas, fabricación de aparatos electrodomésticos, extracción de crudos de petróleo y gas natural, etc.
Los titulares de las actividades afectadas por el citado Real Decreto, están obligados a presentar ante la administración autonómica, antes del 7 de febrero de 2007, el denominado Informe Preliminar de Situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad. Para facilitar la presentación de este informe, la Consejería de Medio Ambiente ha enviado una circular informativa a los afectados por la norma en la que se proporciona a cada titular un código de acceso a una aplicación informática ubicada en la página Web de la Consejería, permitiendo la cumplimentación del Informe Preliminar “on-line”.
En el caso de suelos que hayan soportado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante, los propietarios de dichos suelos deberán presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente a las consideradas potencialmente contaminantes del suelo o que suponga un cambio de uso del mismo.
La inclusión de una actividad entre las potencialmente contaminantes del suelo, no significa que el suelo esté contaminado. Se define como suelo contaminado “aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligrosos de origen humano en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa”. Esta resolución, que es objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sólo es posible tras detallados estudios que no serán exigidos en principio a todas las actividades potencialmente contaminantes, sino a aquellas que presenten una mayor potencialidad de afección al suelo.
Con anterioridad a la existencia de normativa en esta materia, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo en la segunda mitad de la década de los 90 una serie de actuaciones para la recuperación de suelos afectados por contaminantes en nuestra Comunidad Autónoma. Estas actuaciones, financiadas con Fondos de Cohesión y realizadas sobre suelos de titularidad pública, se llevaron a cabo en el vertedero de Los Asperones (Málaga), el vertedero de Los Barrios (Cádiz), la antigua cantera de El Acebuchal en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y en la antigua fábrica de fertilizantes Fesa-San Jerónimo (Sevilla).
Junta Andalucía