Nota Junta Andalucía
El consejero de Agricultura y Pesca andaluz, Isaías Pérez Saldaña, ha subrayado el «estricto control» al que están sometidos los fondos europeos otorgados al Desarrollo Rural y los filtros previos y posteriores de subvencionabilidad y fiscalización que deben cumplir todas las actuaciones encaminadas al «Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales», tal como establece el Programa PRODER de Andalucía.
Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento andaluz, el consejero aseguró que las subvenciones contempladas en el PRODER «pasan por un filtro previo de subvencionabilidad, una fiscalización, una decisión de la Junta Directiva del Grupo, una fiscalización posterior y están sometidas a un estricto sistema de control posterior», con lo que descartó la posibilidad de que se pueda destinar dichos fondos a fines para los que no estén orientados.
En este sentido, explicó que el PRODER de Andalucía contiene 10 líneas de actuación, entre las que se encuentran la dinamización socioeconómica, estrategias de cooperación, protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente, actividades formativas y valoración de productos endógenos del medio rural, entre otras.
Todas estas líneas, señaló, se fundamentan en el Reglamento comunitario FEOGA, que contempla la financiación de un conjunto de medidas enmarcadas, fundamentalmente, en el ámbito del sector agrario, «pero que incluye otras que son predominantemente ambientales y también, aunque con menos intensidad, actividades no agrarias destinadas al Fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas rurales».
En este sentido, comentó que en la línea de la dinamización socioeconómica se prevé la financiación de acciones destinadas a atender Servicios de abastecimiento básico para la economía rural y para la población rural. Por su parte, la línea dedicada a la protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente contempla la financiación de actuaciones que estén relacionadas con la Renovación y desarrollo de pueblos, protección y conservación del patrimonio rural, con lo que quiso aclarar que el PRODER tiene la obligación de destinar sus recursos a otras actividades «alejadas de lo que se considera estrictamente agrario».
Además, recordó que toda la gestión de los fondos públicos por parte de los Grupos de Desarrollo Rural se encuentra fiscalizada y que éstos tienen atribuida la función de concesión de subvenciones públicas, correspondiendo a la Junta Directiva de cada uno de los Grupos la toma de decisiones relativas a la asignación de estos fondos.
Todo ello, añadió Pérez Saldaña, «sin olvidar que los Grupos están sometidos a disposiciones comunitarias de control», establecidas en reglamentos europeos y relativas a los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, con lo que descartó cualquier posibilidad de que las subvenciones se destinen a fines distintos de los contemplados.
Junta Andalucía