“Además, el Gobierno basa su decisión en ‘serias dudas’ sobre los cultivos biotecnológicos, lo que nos hace cuestionarnos el proceso que ha llevado a esta decisión”, afirma Nathalie Moll, Director Ejecutivo de EuropaBio (asociación de la UE para bioindustrias). El informe elaborado por la Alta Autoridad provisional, redactado en un par de semanas, refleja que los estados no tuvieron el tiempo suficiente como para revisar el texto.
Un total de 12 científicos, de los 15 que componían la Alta Autoridad provisional, mostraron su desacuerdo con las conclusiones presentadas al no encontrar evidencias de problemas o efectos negativos derivados del maíz modificado genéticamente. A este grupo también se sumaron dos expertos socio-económicos, lo que suma un total de 14 expertos de esta autoridad que criticaron la forma en que fueron redactadas dichas conclusiones.
El maíz biotecnológico ha sido objeto de exhaustivos exámenes científicos realizados por comunidades científicas de todo el mundo, recibiendo la aprobación en todos ellos tras superar los más complejos sistemas de análisis. El maíz ha sido usado y consumido durante años por millones de personas y animales sin una sola incidencia. Además, estas variedades también han recibido comentarios científicos positivos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y ha sido aprobado cada vez en más países desde que en 1998 se permitiera en Europa. Éste tipo de maíz también ha sido aprobado en otros 13 países alrededor del mundo.
Francia, dentro de Europa, es el mayor productor de maíz, por lo que la suspensión de plantaciones de maíz biotecnológico intensificaría la huella ambiental de la producción a consecuencia del aumento en la cantidad de consumo de combustible así como en las emisiones de CO². En 2007, la superficie cultivada de maíz Bt superó las 22.000 hectáreas, lo que equivale a un ahorro de 29.000 litros de carburantes y 85.000 kg de CO², incrementando la producción de maíz en 25.000 toneladas. El crecimiento de maíz modificado genéticamente ha supuesto un beneficio de 2,5 millones de euros a los agricultores.
ANTAMA