Mariano Marí, de GEN-GOB, apunta: “Es inaceptable la falta de medios de prevención en una zona de riesgo como Baleares. Para combatir eficazmente un accidente como el del Don Pedro es imprescindible dotar a los puertos de Baleares de un Plan de Emergencias que disponga de todo lo necesario para controlar, y de forma inmediata, la contaminación en caso de accidentes como este”.
Una rápida reacción de los agentes implicados y la fortuna permitieron reducir los daños y solucionar las carencias de manera aceptable (evitar daños personales). Pero el Don Pedro, como todos los barcos en funcionamiento, contiene una amplia gama de productos que contienen sustancias peligrosas, tales como metales pesados, amianto o PCB. El listado de dichos productos incluye desde los mismos fluorescentes utilizados en la iluminación del barco, hasta las piezas del motor que tienen contacto con combustibles o lubricantes, pasando por pantallas y monitores, pinturas, baterías, líquidos refrigerantes… De hecho, también tienen categoría de peligrosos buena parte de los componentes de los vehículos que se encuentran en las bodegas (aceites de freno y de motor, catalizadores de tubo de escape, líquidos refrigerante y anticongelante, zapatas de freno…). Todo ello, sin olvidar su carga en la que se incluyen baterías de automóvil. Un mes después del hundimiento, este material todavía se encuentra en el fondo marino suponiendo una amenaza continua para nuestro mar y sus recursos naturales.
En la actualidad, buena parte del combustible almacenado en el pecio ha sido extraído, solucionando así uno de los peligros ambientales potenciales, pero lamentablemente la alarma ambiental no esta solucionada. Sebastián Losada, de Greenpeace, comenta: “Una vez extraído en su integridad el combustible, es el momento de proceder a la retirada del barco del fondo marino. En ningún caso es aceptable el abandono del Don Pedro en el fondo del mar, menos aun en el interior del Parque Natural”.
Sobre el proceso de descontaminación del litoral afectado, al margen de la zona turística y más comercial, resulta preocupante el estado en que puedan quedar islotes, litoral rocoso, en especial, en el interior del Parque Natural, y el propio lecho marino. Por ello, las ONG solicitan información sobre los estudios realizados y las prioridades y métodos que se piensa poner en marcha desde la administración central para facilitar su recuperación.
Además, solicitan al Ministerio de Fomento que, de acuerdo con el artículo 325 del Código Penal, exija a la naviera Iscomar, con independencia de otras posibles responsabilidades penales, el pago de todos los gastos derivados del accidente, incluidas las partidas de descontaminación. Según palabras de José Luis García Varas, de WWF/ Adena: “Exigimos al Ministerio de Fomento que obligue a la naviera a presentar un plan de reflotamiento, ya que el buque sigue siendo propiedad de Iscomar, y que se ejecute antes del próximo invierno”.
Además, desde las cuatro organizaciones se reclama un plan de recuperación de la zona afectada que tendría que comenzar con la delimitación cartográfica de las diferentes zonas, hábitats y ambientes afectados, y la progresiva descontaminación de las mismas.
En relación a esto último, piden a la administración que no use fórmulas de limpieza agresivas con el medio ya que pueden ser de mayor impacto que el propio vertido. Según, Jorge Sáez, de Ecologistas en Acción, “Es necesario actuar con criterios estrictamente ambientales sobre los distintos hábitats afectados: arena, roca, praderas sumergidas… y proceder a su limpieza con técnicas blandas y con un procedimiento manual, evitando en cualquier caso la utilización de agua caliente a gran presión o dragados de arena”.
WWF/Adena