Se sientan las reglas del modelo económico español para los próximos diez años y se mejoran las bases de su competitividad. Las reformas incrementan el potencial de la economía con actuaciones en sectores como el gas, la electricidad, los carburantes y las telecomunicaciones. El plan tiene efectos beneficiosos para los consumidores en materia de suelo urbanizable, fiscalidad del ahorro, comercio, profesionales, libros de texto y favorece a las pymes. El Consejo de Ministros ha aprobado cinco Reales Decretos-Ley que contienen un amplio conjunto de medidas dirigidas a sentar las reglas del modelo económico español para los próximos diez años, con el objetivo de consolidar y prolongar la actual senda de crecimiento y de creación de empleo de forma sostenida y estable. De esta forma, España seguirá aproximando sus niveles de renta y de ocupación a los de las economías más desarrolladas. Las medidas recogidas en los Reales Decretos-Ley incrementan el grado de competencia y de flexibilidad de la economía, con actuaciones en sectores clave como el de la electricidad, los hidrocarburos y la telefonía, así como en otras áreas que benefician directamente a los consumidores y al empleo: suelo urbanizable, sanidad, actividades profesionales, comercio interior, defensa de la competencia, participaciones empresariales y fiscalidad del ahorro. Más allá de los efectos coyunturales e inmediatos, las reformas aprobadas suponen, de hecho, el establecimiento de un nuevo mapa económico que cierra definitivamente el proceso de desaparición de los monopolios o de falta de competencia plena en determinados sectores de la economía española. De ahí que incidan sobre las políticas de oferta como fórmula para ampliar las posibilidades de crecimiento y de creación de empleo. Con este plan, que marca las claves de la política económica en la actual legislatura y representa un cambio profundo en las reglas de juego de nuestra estructura económica, el Gobierno rompe con los lastres que viene arrastrando la economía, para adaptar a España a su situación dentro del euro y de la denominada Nueva Economía. Hidrocarburos líquidos El plan de medidas incide de forma irreversible sobre el grado de competencia de los sectores energético y de telecomunicaciones, motores fundamentales de la nueva economía. En hidrocarburos líquidos se adoptan las siguientes decisiones: Se fija el límite del 25 por 100 a la participación que cualquier persona física o jurídica puede tener en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Las compañías que refinan en España, en su conjunto, tampoco podrán superar el 45 por 100. Para fomentar la transparencia en el acceso de terceros a las instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, los titulares de las citadas instalaciones deberán comunicar a la Comisión Nacional de la Energía las condiciones de sus contratos de acceso a redes, información que se hará pública. Los grandes establecimientos comerciales podrán incorporar una estación de servicio en sus instalaciones. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos cuya participación en el mercado de distribución a través de instalaciones de suministro sea superior al 30 por 100 no podrán aumentar el número de puntos de venta con que cuentan durante un período de cinco años, período que se reduce a tres si el porcentaje es inferior al 30 por 100 y superior al 15 por 100. Los titulares de las estaciones de servicio y los operadores al por mayor deberán suministrar periódicamente información al Ministerio de Economía sobre los precios ofertados, productos y marcas, para que pueda ser difundida públicamente. Gas Las medidas aprobadas suponen una profunda reforma del sector, que permitirá una mayor competencia, lo que se traducirá en un beneficio para el consumidor. Se trata de las siguientes medidas: Ningún grupo de empresas podrá tener más del 35 por 100 del capital de Enagás, a la que se declara Gestor Técnico del sistema de gas natural, lo que supone que asume la responsabilidad de garantizar la seguridad del suministro y la correcta coordinación de entradas y salidas de gas en la red. Se asigna a Enagás el 75 por 100 del contrato de gas natural que viene de Argelia por gasoducto para venta a tarifa y el 25 por 100 restante a comercializadores para su venta a consumidores cualificados. A partir de enero de 2004 se impone un límite del 70 por 100 a la cuota de mercado que un operador puede ostentar en el suministro de gas que entra en el sistema, sin incluir autoconsumos. El Gobierno aprobará antes de seis meses un nuevo sistema de cálculo de tarifas de gas natural y de peajes y cánones aplicables a uso de las infraestructuras por parte de terceros, que empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2001. En el plazo de un mes y hasta la aprobación del nuevo sistema se reducirán un 8 por 100 los peajes y cánones en vigor. Se adelanta el calendario de liberalización del sector de gas natural. La plena liberalización tendrá lugar en 2003 en lugar de 2008, de tal manera que en ese año todos los consumidores tendrán la condición de cualificados. Se adelanta el período de exclusividad para la construcción de redes de distribución de gas natural al año 2005, mientras que antes era el año 2008. Electricidad Las medidas adoptadas en los últimos años han supuesto una sustancial rebaja de los precios medios de la electricidad. Las nuevas medidas que a continuación se desglosan aumentan la liberalización del sistema y los niveles de competencia, lo que se traducirá en nuevos beneficios para el consumidor. Los operadores de producción de energía eléctrica que posean más del 40 por 100 de la cuota de potencia instalada en el territorio peninsular no podrán aumentarla en un período de cinco años. Este periodo será de tres años para los que tengan más del 20 por 100. Se adelanta la liberalización total en el calendario de acceso a consumidor cualificado desde del 1 de enero de 2007 al 1 de enero de 2003. Antes del 1 de enero de 2001 el Gobierno reestructurará y actualizará las tarifas de acceso a las redes adaptándolas al nuevo marco liberalizado. Los comercializadores podrán realizar contratos de adquisición de energía eléctrica en el exterior y con productores nacionales en régimen especial. A partir de 2003 también podrán hacerlo con productores nacionales en régimen ordinaria. Las tarifas eléctricas de los consumidores domésticos se reducirán a lo largo de los próximos tres años hasta un máximo de un 9 por 100. Telecomunicaciones El paquete de medidas aprobado resuelve los principales problemas del sector de las telecomunicaciones, con el objeto de incrementar sustancialmente la competencia en el mismo para garantizar que los efectos de la liberalización se trasladen de forma efectiva a los precios. Dichas medidas son las siguientes: El Gobierno establecerá las condiciones para que, a partir de enero de 2001, los operadores dominantes de redes públicas telefónicas fijas faciliten el acceso desagregado y el acceso compartido al bucle de abonado, con el objetivo de intensificar la competencia en llamadas locales. Antes del 15 de noviembre de 2000 Telefónica deberá facilitar la preselección de llamadas locales (no será necesario marcar dígito). Se introduce la tarifa plana para el servicio de internet por el uso de la red telefónica fija en todo el tramo de horario reducido que será de 2.750 pesetas/mes. Para el servicio de voz y datos en llamadas locales habrá una tarifa plana de 700 pesetas/mes por un uso de 600 minutos/mes en horario reducido, y de 1.400 pesetas/mes por un uso de 600 minutos/mes durante las 24 horas del día. Para establecer las condiciones adecuadas en materia de fijación de precios se establece el 31 de julio como fecha límite para que el operador dominante en telefonía móvil y fija presente la contabilidad de costes. Hacienda El Gobierno considera la política fiscal pieza clave de su política económica. Con las medidas aprobadas hoy se incentiva el ahorro, se refuerza la internacionalización de nuestras empresas y se apoya a las pymes, a las que también se favorece su participación en el I+D+I. Se trata de los siguientes aspectos: Reducción a un año del plazo para que las ganancias patrimoniales tributen a un tipo fijo, que pasa del 20 por 100 al 18 por 100, con el fin de estimular el ahorro familiar, facilitar la movilización de las inversiones y homologar el sistema fiscal español al de otros países. Se baja el tipo de retención al que están sujetas las ganancias patrimoniales derivadas de enajenación de participaciones en instituciones de inversión colectiva, desde el 20 por 100 al 18 por 100. Se elevan los límites de deducción por aportaciones a planes de pensiones, hasta 1.200.000 pesetas o el 25 por 100 del rendimiento neto (la menor de las dos cantidades con carácter general). En caso de que se hagan aportaciones a favor del cónyuge, el límite será de 300.000 pesetas. Para ello, es preciso que el beneficiario sea cónyuge de la persona que hace las aportaciones y que no tenga rentas del trabajo o sean inferiores a 1.200.000 pesetas. Se elevan también los límites de aportación en el caso de partícipes mayores de 52 años, pasando de 2.200.000 pesetas o el 20 por 100 del rendimiento neto, a 2.500.000 pesetas o el 40 por 100 cuando el aportante es mayor de 65 años. Este máximo de 2.500.000 pesetas de aportación regirá también para los planes de pensiones a favor de minusválidos. Se mejoran los mecanismos para eliminar la doble imposición internacional sobre las rentas (dividendos y ganancias patrimoniales) obtenidas en el extranjero por medio de filiales. Así, se sustituye el sistema de deducción por doble imposición internacional en la cuota por una exención de los dividendos y de las plusvalías que se obtengan derivados de filiales o sucursales en el extranjero, siempre que la participación sea de, al menos, un 5 por 100; que la entidad no residente haya pagado un impuesto similar al de Sociedades en su país de residencia y que los beneficios que se reparten procedan de actividades empresariales en el extranjero. Asimismo, se eximen del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente en el extranjero. Aumenta el plazo para poder efectuar deducciones por doble imposición interna e internacional desde los siete años actuales a diez. Como apoyo a las pymes y para inducir la creación de empleo, destaca la ampliación del concepto de empresa de reducida dimensión para aplicar el régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades, aumentando el límite relativo al volumen de negocio desde los 250 millones actuales a 500 millones. Se establece una deducción del 10 por 100 en la cuota por adquisición de determinados activos fijos que impliquen una innovación tecnológica, así como una deducción por formación del personal en el uso de nuevas tecnologías. Esta partida se considerará como gastos de personal y no tendrá la consideración de rendimiento de trabajo para el empleado. Se amplía desde cinco a diez años el tiempo disponible para realizar las deducciones de I+D+I, así como el límite sobre la cuota del 35 al 45 por 100. En el Impuesto sobre el Patrimonio se exime de tributación a la vivienda habitual, hasta un importe máximo de 25 millones de pesetas. Se establece un nuevo incentivo fiscal específico por el riesgo asumido por las empresas españolas que se implanten en determinados países. Así, se aplica una deducción en la base del impuesto equivalente al importe de las inversiones realizadas para la adquisición de participaciones en los fondos propios de sociedades no residentes en el territorio español que permitan alcanzar la mayoría de los derechos de voto en ellas. El importe máximo de deducción será de 5.000 millones de pesetas, sin que pueda exceder el 25 por 100 de la base imponible. Se mejora la fiscalidad de los seguros de vida para favorecer el ahorro previsión a largo plazo. Para los rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguros de vida percibidos en forma de capital correspondientes a las primas satisfechas con más de cinco años de antelación se aumenta la reducción del 60 al 65 por 100. Para los correspondientes a las primas satisfechas con más de ocho años de antelación se aumenta del 70 al 75 por 100. Fomento Las medidas introducen mayor flexibilidad en el mercado del suelo, lo que repercutirá favorablemente sobre el precio de las viviendas y aumentará el suelo urbanizable. Así, se elimina la discrecionalidad que la Ley del Suelo otorga a los municipios en la clasificación del suelo como no urbanizable. Además, figuran las siguientes medidas: La iniciativa privada tendrá el derecho a promover la transformación del suelo urbanizable. A través del silencio administrativo, quedarán aprobados los instrumentos del planeamiento urbanístico de desarrollo en el plazo de seis meses o en el que establezca la legislación autonómica. En transporte de viajeros por carretera se reduce el plazo de las concesiones exclusivas de líneas regulares desde los 8-20 años actuales a 6-15 años. Se facilita la instalación de nuevos puntos de venta de combustible en los recintos portuarios. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria dejarán de tener la exclusividad en la intermediación inmobiliaria.
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