A pesar de que el R.D. sobre ordenación del sector porcino se aprobó el pasado mes de marzo con el consenso de todas las organizaciones agrarias, sector productor y comunidades autónomas, el pasado 23 de mayo se reunieron en el Ministerio de Agricultura representantes del sector y de las organizaciones agrarias para informar sobre el requerimiento de incompetencia interpuesto por Aragón, Extremadura y Cataluña a la administración del estado. En un principio, el requerimiento de Aragón será desestimado por ausencia de fundamentos ya que no realizan ninguna justificación. Los presentados por Aragón y Cataluña si hacen apreciaciones jurídicas con rigor referidas a cuestiones como los límites cuantitativos, la capacidad de las explotaciones y las distancias mínimas de separación entre explotaciones y respecto de vías públicas. En el caso de Extremadura consideran que el Real Decreto es perjudicial para la realidad económica y la ganadería extremeña, si como para el medio ambiente. La postura del MAPA es la de preservar ante todo la filosofía del R.D. y evitar a toda costa riesgos sanitarios y discriminaciones entre ganaderos de las distintas Comunidades Autónomas. También explicó los peligros que se pueden derivar de la situación actual. Si el proceso va al Tribunal Constitucional puede ocurrir que éste determine la suspensión del R.D. 324/2000, lo cual supondría un retraso de 2 a 3 años en la aplicación del mismo. La postura de todas las Organizaciones Agrarias y de la CCAE fue unánime: se debe intentar salvar el Real Decreto a toda costa sin hacer concesiones en la filosofía del mismo.
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