El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, ha comparecido en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado el Proyecto de Ley de la viña y el vino, texto que obedece a la necesidad de adecuar a la legislación actual vigente, el Estatuto de la Viña y el Vino de 1970, al actual ordenamiento constitucional, que configura el Estado de las Autonomías, y a la actual normativa comunitaria.
El ministro Arias ha destacado que el texto ha sido objeto de discusión con los representantes de las Comunidades Autónomas y de los sectores productor y transformador, así como con los consejos reguladores. Asimismo, en la elaboración de la Ley se han tenido en cuenta las conclusiones aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados en febrero de 1988 y se ha recabado el preceptivo informe del Consejo de Estado.
El Proyecto de Ley consta de una exposición de motivos en la que se explica la necesidad de proceder a la renovación de la legislación actual en la materia y cuatro títulos. El Título I define el ámbito de aplicación y los aspectos generales de la vitivinicultura y el Titulo II establece regula el sistema de protección del origen y la calidad de los vinos. El régimen sancionador se recoge en el Título III y mediante el Título IV se crea un órgano de carácter consultivo que se denominará Consejo Español de Vitivinicultura, integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones más representativas del sector.
En el texto se desarrollan los extremos relativos a la protección de la calidad y el origen de los vinos y determinadas cuestiones concernientes al régimen de plantaciones, replantaciones y transferencias de derechos. De las cuestiones reguladas, tres merecen destacarse por su particular incidencia: las menciones tradicionales en los vinos, el sistema de protección y la organización y funcionamiento de los Consejos Reguladores y órganos de gestión.
Asimismo, en el Proyecto de Ley se ha optado por un modelo de independencia entre los órganos encargados de la gestión y los órganos encargados del control. La norma también recoge un régimen sancionador en el que se establecen las obligaciones de los interesados y las facultades de los inspectores, las medidas cautelares y la determinación de competencias sancionadoras.
Por otro lado, el ministro Arias ha destacado la total armonía que existe entre este Proyecto de Ley y el de prevención del consumo indebido de bebidas alcohólicas. El consumo responsable por parte de la población adulta de una bebida como el vino debe ser diferenciado del consumo de otras bebidas alcohólicas obtenidas por destilación con un contenido alcohólico.
ENMIENDAS
Tras exponer los objetivos y contenido del Proyecto de Ley, Miguel Arias Cañete ha hecho referencia a las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas, respectivamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Mixto-Chunta Aragonesista, el Grupo Mixto-Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Mixto-Esquerra Republicana de Cataluña, y rechazadas en el Congreso.
El ministro ha manifestado que ninguna de las enmiendas presentadas ha ofrecido un modelo definido para el sector vitivinícola español, al carecer de línea conductora y de una política definida.
Frente a las observaciones que ha realizado el grupo socialista en su enmienda, Arias Cañete ha respondido que el proyecto plantea un modelo de defensa de la calidad de los vinos españoles más amplio, más racional, más flexible y riguroso.
Así, ha señalado que el sistema es más amplio porque introduce nuevas categorías para los vinos, lo que permite diversificar la oferta; es más racional porque permite una progresión paulatina a la que se pueden acoger los productos a medida que van demostrando el cumplimiento de los requisitos exigibles a cada uno de ellos; es más flexible porque permite la elección por el operador del nivel de protección a que desea acogerse; y, por último, es más riguroso, porque establece en todos los casos mecanismos de control para que se cumplan los requisitos exigibles.
Todos estos elementos apuntan en la dirección adecuada a los intereses sectoriales en su conjunto, y además, según ha destacado el ministro, el proyecto posibilita una mayor competitividad basada en una mayor flexibilidad de la oferta.
Después de argumentar por qué el proyecto de ley respeta el sistema de competencias establecido en la Constitución y la regulación comunitaria, el ministro ha concluido que la posición del Grupo Socialista le parece ajena a la realidad del sector español y va en contra de los intereses de las denominaciones de origen tradicionales.
Respecto a la enmienda a la totalidad planteada por la Chunta Aragonesista, Arias Cañete ha contestado, entre otros aspectos, que esta nueva ley establece un sistema de protección que imposibilita eludir los controles y confundir al consumidor respecto al origen de los productos.
Sobre el contenido de las otras dos enmiendas planteadas, el ministro se apoyó en el informe emitido por el Consejo de Estado para insistir en que el proyecto no vacía de contenido las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas, y, por el contrario, se dicta con el objetivo de establecer un marco común a todo el Estado que garantice unos mínimos para asegurar la competencia leal y la protección de los intereses de los consumidores.
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