El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha expuesto en el Foro de Nueva Economía, celebrado en el Hotel Palace, los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros de Agricultura el pasado 26 de junio sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El ministro ha destacado que se cumplen los compromisos de la OMC y se mantiene el nivel de apoyo de los agricultores. También ha destacado que España va a recibir entre los años 2005 y 2013, 2.700 millones de euros más con esta reforma.
El ministro ha comenzado su intervención manifestando que la PAC estaba condicionada por cuatro factores:
La situación presupuestaria de la UE. A diferencia de la reforma Mc Sharry del 92 y de la de Agenda 2000,esta reforma se hace en un contexto de ralentización de las economías comunitarias, de tensiones presupuestarias en Estados miembros que antes eran locomotoras de crecimiento y que ahora experimentan dificultades incluso para cumplir los criterios de convergencia del Pacto de Estabilidad, lo que se traduce en una oposición frontal a incrementar sus aportaciones a las arcas comunitarias. Pese a ello, en octubre de 2002, se alcanzó un acuerdo financiero que garantiza un marco presupuestario hasta el año 2013 a la agricultura comunitaria al establecer un techo de gasto de la rúbrica 1 a) que en euros corrientes oscila de 45.306 millones de euros en 2006 a 48574 en el 2013.
Las negociaciones en el seno de la OMC van a obligar a un cambio sustancial del modelo de apoyo comunitario. Hay que considerar que en el documento Harbinson sobre modalidades de negociación se establecen objetivos de reducción del 50 % de la caja azul y el 60% de la caja ámbar, lo que supone la necesidad de desacoplar más de 26.000 millones de euros de las ayudas actuales
La falta de legitimidad social de la PAC. En muchos países de la UE y con más intensidad en países como Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido las opiniones públicas están en contra del mantenimiento de la PAC por su falta de conexión con las leyes del mercado y por imputarle el ser un factor desencadenante de las crisis alimentarias que ha experimentado la UE en los últimos años. El hecho de que incluso un grupo asesor del Presidente de la Comisión haya elaborado un documento de trabajo en el que entre otras lindezas se propone la práctica supresión de la PAC, previo periodo transitorio en el que los recursos destinados a la misma se redujeran inicialmente al 0,10% del PNB comunitario, es decir al 10% de los recursos actuales y ulteriormente la desaparición total de la política de modo progresivo, es claramente revelador del estado de opinión imperante en la UE.
Finalmente, el cuarto factor condicionante lo constituyen los propios términos de la propuesta del Comisario Fischler que enmarcan el debate y orientan las discusiones siendo imposible en la práctica comunitaria la puesta en marcha de modelos alternativos distintos de los de la Comisión a que la normativa exige que contra el criterio de la Comisión deba haber unanimidad de todos los EEMM, lo cual es prácticamente imposible de conseguir.
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Estos son los condicionantes de la reforma que, según el ministro, deben tenerse presentes en todo caso a la hora de hacer una valoración de sus resultados que tenga carácter realista y objetivo.
Conocidas las propuestas, el ministro ha recordado que dio las instrucciones necesarias para que se hiciera un estudio de su impacto real sobre las producciones agrarias y ganaderas españolas, estudio que juntos con los realizados por Castilla- La Mancha, Castilla y León y Navarra son los únicos estudios técnicos que realmente han medido el impacto real de la reforma sobre nuestras producciones.
La propuesta original en el sector de los cereales por la acción combinada del desacoplamiento, la reducción del precio de intervención en un 5% y la posible reducción de ayudas hasta un 19%, podía producir riesgo de abandono sobre casi 1.500.000 hectáreas en las zonas de más bajos rendimientos.
En ovino de carne se hubiesen perdido 31.000 explotaciones y en el sector vacuno, las 20.000 explotaciones y más de 500.000 cabezas.
Los graves efectos de la reforma propuesta llevaron al establecimiento inmediato de alianzas estratégicas con los países con quienes compartíamos planteamientos e inquietudes como Francia, Luxemburgo, Irlanda y Portugal con los que pudimos llegar a acuerdos y configurar una inicial minoría de bloqueo.
Arias Cañete ha recordado que el 11 de marzo ante el Congreso explicó en comparecencia pública los objetivos que el Gobierno español quería alcanzar en la reforma:
en materia de desacoplamiento, el Gobierno español era consciente de que, en la negociación en curso en la OMC, se está configurando un nuevo marco de apoyo a la agricultura que iba a comportar sustanciales diferencias respecto al presente y que España podría estar a favor de una desconexión parcial de las ayudas
el ministro rechazó la degresividad y era partidario de que todos los fondos de la modulación fueran destinados al 2º pilar, y que tenían que existir elementos de cohesión en la distribución de dichos fondos.
la eco-condicionalidad debía de simplificarse.
las auditorías debían ser voluntarias.
se oponía a la reducción del 5% del precio de intervención de los cereales.
en arroz manifestó que la prioridad era eliminar el actual sistema de penalización y mantener la intervención clásica.
en frutos secos consideraba insuficiente el nivel de ayudas.
en leche era partidario de prorrogar el sistema de cuotas lácteas hasta el 2014
en forrajes desecados las ayudas a la industria debían ser permanentes.
y se consideraba que a las Islas Canarias había que exonerarlas de desacoplamiento y modulación.
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El ministro ha manifestado que todos estos objetivos se han conseguido prácticamente en su integridad, tal y como se puede comprobar al comparar el diario de sesiones con los textos reglamentarios para comprobar esta realidad y acreditar las mejoras que supone el acuerdo alcanzado respecto a las propuestas originales.
Asimismo, Miguel Arias ha señalado que estos objetivos fueron solicitados y compartidos por casi la totalidad de Comunidades Autónomas y OPAS, aunque todo el mundo manifieste sus objetivos muy tibiamente.
En términos puramente financieros, España con la reforma va a recibir entre los años 2005 y 2013, 2.700 millones de euros más que sin la reforma y tanto en la rúbrica 1 a) de mercados como en la 1b de desarrollo rural las cantidades se incrementan y no hay disminución alguna.
Se trata por lo tanto, según ha recalcado el ministro, de un acuerdo que nos permite cumplir los compromisos de la OMC, mantener el nivel de apoyo de los agricultores en niveles idénticos a los actuales en todos los sectores, con la excepción del trigo duro en que la ayuda se reduce a 285 euros /t (más 40 de prima a la calidad), sin que ello afecte a la viabilidad del cultivo dada la sobrecompensación existente puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas y los forrajes desecados donde si bien es cierto que la ayuda a la industria se reduce frente a la actual, se mantiene con carácter permanente en niveles que garantizan la viabilidad del sector al tiempo que por primera vez se introduce una ayuda a los agricultores.
El ministro de Agricultura ha continuado su intervención destacando que si bien estos resultados objetivamente satisfactorios y que desde luego parecían imposibles de conseguir al principio de la reforma, las organizaciones agrarias en su práctica totalidad han formulado críticas catastrofistas a pesar de que son innegables los avances obtenidos.
Arias ha manifestado que todas las críticas son legítimas pero ha considerado que se han cometido por parte de alguna organización agraria 3 errores que pueden costar muy caros al sector agrario español:
1) Cerrar los ojos ante la nueva situación del comercio mundial globalizado que en el seno de la OMC implica cambios sustanciales en los sistemas de apoyo de modo inexorable. Transmitir el mensaje de que todo puede seguir igual es lanzar a los agricultores a la búsqueda de utopías que lleven a la frustración.
2) en segundo lugar, cuando se anuncia la debacle, el abandono de las producciones el fin de la propia PAC, se está alimentando el fuego de la deslegitimación. El ministro se ha preguntado que cómo puede decir una organización agraria que va a desaparecer la agricultura española en un sector que tienen garantizadas hasta el año 2013 las ayudas agrarias, en un sector que tiene hoy apoyos del FEOGA Garantía y Orientación de 7.274 Meuros/año, que con la cofinanciación nacional de 920 millones de euros asciende a 8184 millones de euros en el año 2003 y en año 2008, a velocidad de crucero de la reforma, a 8.525 millones de euros, un sector cuyo régimen especial agrario de la Seguridad Social ve cubierto su déficit anual de 6.600 millones de euros por los contribuyentes españoles, que tienen reducciones fiscales del gasóleo que utilizan que asciende a 540 millones y que tiene subvencionadas sus pólizas de seguros en más de 195 millones de euros al año y que, además, tiene un régimen fiscal privilegiado que determina que el millón de contribuyentes de este sistema declare unos rendimientos de menos de 2.950 euros netos anuales.
Entonces es, según ha subrayado el ministro, cuando la sociedad, el contribuyente que financia al agricultor, empieza a cuestionarse el sentido de este apoyo (sin duda muy cuantioso, pero que al parecer no sirve de nada) y sucede que se elaboran informes como el de Prodi que invitan a gastar el dinero en otros sectores, en otra dirección.
La PAC, según Miguel Arias, tiene un grave problema de deslegitimación social a nivel internacional y comunitario del que las Organizaciones Agrarias debían ser conscientes y que debían afrontar.
Finalmente, Arias Cañete ha destacado que los verdaderos problemas de la agricultura española no es la PAC sino la escasa dimensión territorial y económica de las explotaciones y envejecimiento de la población rural.
Querer mantener explotaciones inviables económicamente a base de subsidios permanente con ingresos desvinculados del mercado es enormemente peligro y por ello los efectos de la actividad política del gobierno irán dirigidos a solucionar los problemas clave que permitan disponer de unos agricultores empresarios dinámicos y que obtengan rentabilidad suficiente de las explotaciones.
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