El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, ha comparecido en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para informar de la posición española sobre la reforma a medio plazo de la Política Agrícola Común presentada por la Comisión el pasado mes de julio, asunto que «ocupará mucho tiempo de reflexión, consenso y trabajo en los próximos meses y que, sin duda, va a marcar los condicionantes de la Agricultura europea en los próximos años».
Arias ha destacado que el Ministerio de Agricultura ha realizado un primer análisis de la propuesta y que ha remitido la propuesta, a su vez, a las Comunidades Autónomas para solicitar su posición de cara a tenerla en cuenta a la hora de configurar la posición española. El ministro ha manifestado su rechazo al documento de la Comisión, teniendo en cuenta que no se esperaba una reforma tan drástica y nunca antes del año 2006, es decir antes del nuevo periodo de perspectivas financieras 2007-2013.
Ante esta propuesta, Arias ha expuesto la necesidad de que la Comisión aporte muchas aclaraciones y matizaciones, que se plantearán a lo largo de los próximos meses.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
En primer lugar, el ministro Arias ha pasado revista al contenido de la propuesta, donde se contempla la reducción de un 5% del precio de intervención en el sector de los cereales, a compensar con un incremento de los pagos directos. Para el centeno, se eliminaría la intervención y para el trigo duro, el suplemento de ayuda actual de 344,5 euros por hectárea se reduciría a 250, en zonas tradicionales y se eliminaría en las demás, introduciendo una prima por calidad. En el caso del arroz, el precio de intervención se reduciría en un 50% y se propone también una reducción de la superficie máxima garantizada y un incremento de los pagos directos, pero conectando sólo parte del incremento a la producción de arroz. La propuesta no se plantean medidas específicas para oleaginosas y se prevé la introducción de una ayuda única para los frutos secos que hayan terminado los planes de mejora, así compara los forrajes desecados.
La Comunicación de la Comisión pone de relieve la necesidad de desconectar la ayuda de la producción en el sector del vacuno y de redefinir las condiciones medioambientales. En el sector lácteo, se describen cuatro escenarios posibles, si bien no se prevé ningún cambio hasta la campaña 2005/2006.
En cuanto a las cuestiones horizontales, la Comisión propone la desconexión de los pagos directos y la producción, estableciendo un pago único por explotación, calculado en función de los pagos históricos recibidos en la explotación y condicionado al cumplimiento de normas reglamentarias medioambientales, de seguridad alimentaria y sanidad y bienestar animal. La Comisión propone también ampliar y reforzar el concepto de condicionalidad, extendiéndolo a normas de seguridad alimentaria y sanidad y bienestar animal.
Por otro lado, la propuesta introduce el término de «modulación dinámica», que combina la degresividad y la modulación obligatoria. La degresividad consiste en una reducción del 3% de las ayudas directas cada año, a partir del año 2004 hasta un total del 20% en el año 2011. Este mecanismo se combina con la concesión de una franquicia de 5.000 euros, con una limitación máxima de 300.000 euros de ayudas directas por explotación después de la franquicia. Los ahorros así logrados se reasignarán a líneas de ayuda de desarrollo rural, reforzando el segundo pilar. Las explotaciones que reciban más de 5.000 euros al año de pagos directos deberán proceder a realizar una auditoria.
Agrupando las cuestiones medioambientales, la Comisión propone un incremento del 10% en la tasa de cofinanciación de las medidas agroambientales. Por otra parte, la tasa obligatoria del 10% rotacional de retirada de tierras se sustituiría por una retirada obligatoria y no rotacional de largo plazo. Asimismo, se establece una superficie máxima garantizada de 1,5 millones de hectáreas para cultivos energéticos y se concederá un pago anual compensatorio y degresivo, como ayuda al cumplimiento de las normas medioambientales, de seguridad alimentaria, bienestar animal y seguridad laboral.
POSICIÓN ESPAÑOLA
El Ministro Arias ha recordado que durante su intervención en el último Consejo de Ministros de Agricultura manifestó su «perplejidad, inquietud y preocupación» por la revisión a medio plazo de la PAC propuesta, dado que no se entiende como de unas revisiones puntuales sobre determinados sectores (como se anunciaron en el compromiso de Berlín) se pasa a una reforma en profundidad, siendo un modelo de dudosa eficacia y alto riesgo.
No se considera urgente modificar ahora lo acordado en el Consejo Europeo de Berlín, puesto que existe un proceso de ampliación que se desarrolla de acuerdo con el calendario previsto, al igual que las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Además, la recientemente aprobada Farm Bill 2002 en Estados Unidos puede cambiar las posiciones negociadoras, pero en todo caso, no parece urgente adelantar concesiones por parte de la Unión Europea.
El modelo propuesto refuerza el segundo pilar, pero a costa del primero, en el que se procede a una desconexión prácticamente total de las ayudas directas a la producción. Desde la perspectiva de la ordenación territorial y productiva de la agricultura, el ministro ha manifestado que se corre el riesgo de un desajuste y deslocalización grave de las producciones a nivel comunitario, nacional y regional, si se deja todo en manos casi exclusivamente de las leyes de mercado.
Los objetivos tradicionales y nuevos de las políticas agrícolas, tales como el apoyo a las rentas agrícolas, estabilización de los mercados, seguridad de abastecimiento y sanitaria o la ordenación del territorio rural exigen siempre una intervención pública. La conexión de ayudas a la tierra, con referencias históricas puntuales, deteriorará el sistema de ayudas y planteará agravios comparativos entre productores.
El nuevo modelo incluye además, con el anuncio de una mayor flexibilidad para las ayudas nacionales, un riesgo implícito de renacionalización de la PAC, al que España se opone, al igual que la mayoría de los Estados miembros.
Con respecto a la modulación y el consiguiente fortalecimiento del segundo pilar, el ministro ha destacado que se considera excesiva la cifra del 20%, en la medida que puede comprometer la actividad de los agricultores menos eficientes y con menores márgenes para una reducción de sus ya escasas ayudas. España defiende una modulación uniforme, obligatoria y aplicada con los mismos parámetros en toda la UE, pero lo que la propuesta conlleva es una regresividad de las ayudas.
Por otro lado, Arias ha manifestado que es fundamental asegurar el perfeccionamiento de la protección en frontera, tanto en cereales como el arroz, y no se considera aceptable la reducción de la ayuda al trigo duro y a los forrajes deshidratados. En los frutos secos, aparece claramente el riesgo de renacionalización de la PAC, por la vía de la reducción de las ayudas nacionales. En cuanto al sector lácteo, será necesario debatir las alternativas en un futuro en el Consejo, y en el sector vacuno se observan riesgos que apuntan, una vez más, a la desconexión de las ayudas y los problemas ligados a la transmisión de las explotaciones.
DEBATE ABIERTO
El ministro Arias, tras exponer de manera resumida la reacción de los demás Estados miembros a la propuesta de la Comisión, ha destacado que ahora se abre un proceso de debate, donde los intereses de los Estados miembros y la Comisión son muy distintos y divergentes. Arias ha manifestado que propondrá las mejores soluciones posibles para defender una política agrícola europea fuerte y solidaria.
Con este espíritu de diálogo y de preparación de las negociaciones sobre esta reforma, el ministro ha recordado que ha emprendido una serie de reuniones bilaterales con sus homólogos europeos, que permitirán diseñar una estrategia de alianzas en defensa de nuestros intereses comunes. En este sentido, el ministro Arias ha informado de que durante el último trimestre de este año realizará una «ronda de capitales», en busca de una reflexión conjunta y consensuada sobre posibles alternativas, que garanticen a los agricultores un nivel de renta digno, así como perspectivas sólidas para su actividad.
MAPA