El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias, ha reiterado en el seno del Consejo de Ministros y durante las consultas trilaterales, celebradas entre la Presidencia, la Comisión y las delegaciones, la necesidad del reconocimiento de la plena integración de España a la Política Común de Pesca (PCP).
En este sentido, la delegación española ha destacado que es necesario reconocer la aplicación del principio de libre acceso a las aguas y los recursos comunitarios por parte de todos los buques de la UE, con carácter no discriminatorio. El periodo transitorio establecido para la plena aplicación de la Política Común de Pesca a España finaliza el 31 de diciembre de 2002, por lo que se hace necesario introducir las oportunas modificaciones a la propuesta de Reglamento de conservación y gestión.
Por esa razón, se ha solicitado la derogación de las normas que establecieron las adaptaciones al régimen transitorio español y se ha reclamado la supresión de las discriminaciones de acceso de los buques españoles al Mar del Norte y al Mar Báltico, aguas occidentales y a las aguas comprendidas entre 6 y 12 millas de la costa francesa del Océano Atlántico (al sur del 46º08′ de latitud norte), estableciendo la reciprocidad con el acceso concedido a la flota francesa. Además, como consecuencia de la plena integración, España, al no disponer de posibilidades de acceso al Mar del Norte y Mar Báltico desde 1986, por la aplicación de su periodo transitorio, ha solicitado una participación en los Totales Admisibles de Capturas (TACs), repartidos desde 1986 y en los que no participó en su momento.
Por otro lado, España ha reclamado la necesidad del mantenimiento de los fondos estructurales pesqueros en su forma actual hasta el año 2006 y ha defendido la permanencia de las ayudas a la construcción y modernización de la flota, a las empresas mixtas, la exportación de buques y a las paradas temporales, al entender que la Comisión no ha podido justificar la existencia de cambios tan relevantes en la situación socioeconómica de las regiones que justifiquen modificaciones.
Dentro de las propuestas sobre conservación y sostenibilidad de los recursos, el ministro Arias se ha mostrado contrario a un doble sistema de gestión y ha defendido la distinción entre planes de recuperación plurianuales para los stocks muy por debajo de los límites biológicos de seguridad y un enfoque plurianual para la fijación de los TACs o esfuerzo de pesca para el resto de los stocks, eliminando la posibilidad de aplicación simultánea de dos sistemas de gestión que se consideran incompatibles: limitación de esfuerzo, y el de TACs y cuotas.
PLANES PARA LA MERLUZA Y BACALAO
Ante el deterioro de las poblaciones de bacalao y en mucha menor medida de la merluza del norte, la comisión ha presentado una propuesta de plan de recuperación para ambas especies. Ante la grave situación del bacalao, la delegación española se ha congratulado de que la Comisión haya aceptado la alternativa a la prohibición de pesca propuesta por el Comité Científico, Técnico y Económico (STECF), que tiene en consideración los graves efectos económicos y sociales que podría ocasionar la moratoria.
En el caso de la merluza, España considera que la situación es diferente, al igual que para otros stocks que se encuentran en condiciones similares, no siendo necesaria la adopción inmediata de medidas de emergencia. En el año 2003 será necesario establecer una planificación plurianual para conseguir situar el stock de merluza norte en los límites de biomasa propuestos recientemente por la Comisión.
CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS DE LA REESTRUCTURACIÓN
La Comisión ha presentado un Plan de Actuación para contrarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestrucutración de la industria pesquera de la UE. El Gobierno español considera que es difícil valorar las actuaciones que propone la Comisión en este Plan, ya que, en realidad, está destinado a paliar unas consecuencias socioeconómicas que se desconocen, puesto que todavía no se sabe el alcance de la reestructuración de la flota.
El Plan no concreta el número de buques afectados ni al segmento de flota a que pertenecen, ni modalidad, por lo que supone una indeterminación de partida que condiciona cualquier cálculo posterior, habida cuenta que España sigue sin estar de acuerdo en que los planes de recuperación conlleven, necesariamente, las proporciones de desempleo que plantea la Comisión.
Se considera prioritario establecer con rigor las especies que deben ser sometidas a un plan de recuperación y en qué grado, y establecer los segmentos de flota y en qué medida y durante cuanto tiempo se verían afectados, para, a partir de ahí, tratar de implantarlos de manera que los perjuicios económicos sean los mínimos posibles. Asimismo, es necesario que las líneas de ayuda sean lo suficientemente atractivas para que puedan dar lugar a que los trabajadores desempleados y los pequeños armadores puedan poner en marcha una nueva actividad.
MEDIDAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL «PRESTIGE»
El ministro Arias se ha referido en el seno del Consejo de Ministros de Pesca a la catástrofe producida por el accidente del petrolero «Prestige», que ha provocado la contaminación de una parte importante de la costa de Galicia, conllevando efectos graves para el sector pesquero que opera en esta zona. En estos momentos, aún se están evaluando las consecuencias y el número de afectados, siendo las últimas estimaciones de 2.500 embarcaciones afectadas, 6.000 marineros y 900 mariscadores. El ministro ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas de los demás Estados miembros y de la Comisión y ha recordado la necesidad de trabajar para que este tipo de catástrofes no se vuelvan a producir en el futuro, para lo cual sería necesario alcanzar un acuerdo nacional y comunitario que evite estas situaciones.
Asimismo, Arias Cañete ha recordado las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades españolas relativas a las medidas de conservación (prohibición de pesca en las zonas afectadas), así como las medidas urgentes de ayudas a los pescadores y mariscadores afectados, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento IFOP. Igualmente, se han articulado créditos para la reposición de instalaciones pesqueras, acuícolas y marisqueras y se financiará el desarrollo de campañas de información y promoción de la calidad de los productos de la pesca procedentes de Galicia y no afectados por el naufragio.
Una vez evaluadas con mayor exactitud las consecuencias de la catástrofe, se trabajará con la Comisión para arbitrar las medidas necesarias. En este sentido, el ministro Arias ha planteado la posibilidad de que se realice una interpretación constructiva del fondo de catástrofes a esta nueva coyuntura y considerar ciertas excepciones en sus medidas de aplicación. Finalmente, el ministro Arias ha planteado la posibilidad de flexibilizar el actual Reglamento estructural en los siguientes ámbitos: incrementar el límite de concesión de ayudas por paralización temporal, incluir ayudas a los mariscadores y percebeiros perjudicados, abrir la posibilidad para financiar los daños en las instalaciones acuícolas y bateas y para la sustitución de las artes y otros materiales afectados, así como financiar operaciones y medios de limpieza en las zonas dedicadas a marisqueo.
CONFERENCIA INTERNACIONAL CONTRA LA PESCA ILEGAL
Finalmente, el ministro Arias ha expuesto los objetivos y las conclusiones de la Conferencia Internacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), celebrada en Santiago de Compostela (Galicia) los días 25 y 26 de noviembre.
En línea con el Plan de Acción Internacional de la FAO, en las conclusiones de la Conferencia se ha constatado la existencia de una serie de vacíos jurídicos que posibilitan la supervivencia de este tipo de pesca, lo que exige el desarrollo del marco jurídico internacional existente. Igualmente, se constató la necesidad de reforzar las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs), que se encargarán de la elaboración de las listas de países de pabellones que respaldan la pesca ilegal, labor que se debería ver apoyada de medidas sancionadoras, de acuerdo con el derecho internacional.
También se señaló la necesidad de elaborar registros regionales de embarcaciones autorizadas por las ORPs, así como la elaboración de estadísticas de capturas y de especies afectadas por la sobreexplotación. Asimismo, tanto los buques ilegales como los países que apoyan las prácticas ilegales de pesca, no podrán exportar sus capturas.
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