El pasado jueves se constituyó la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales que tiene por finalidad la cooperación entre la Administración General de Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas para el desarrollo correcto de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada en octubre de 2007 con el objetivo de hacer efectivo el principio «quien contamina paga».
El acto de constitución ha sido presidido por la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, quien ha destacado la prioridad que otorga el Ministerio al impulso del desarrollo de la normativa sobre responsabilidad ambiental y al trabajo conjunto con las comunidades autónomas y entes locales, con el objetivo de mejorar la aplicación de medidas preventivas de daño ambiental y fortalecer la responsabilidad ambiental de las empresas en el desarrollo de sus actividades económicas y productivas.
Este instrumento de colaboración entre administraciones es un paso más en complejo desarrollo y aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, como recientemente lo fue la aprobación, el pasado mes de diciembre por parte del Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley que establece un marco metodológico para la evaluación de los escenarios de riesgo y reparación del daño medioambiental, así como la cuantía de la garantía financiera obligatoria.
Dicho Reglamento, que entró en vigor el 23 de abril de 2009, preveía también la creación de la Comisión Técnica de prevención y reparación de daños medioambientales como órgano de apoyo técnico y de cooperación entre las distintas administraciones implicadas en la aplicación de la Ley, es decir, Administración Central, Comunidades y Ciudades Autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias. Además la Comisión contará en el futuro con Comités de expertos para su asesoramiento.
La Comisión estará adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Además de las funciones de intercambio de información o asesoramiento, la Comisión se encargará de la elaboración de guías metodológicas y estudios, dictámenes periciales, recopilación de datos estadísticos de daños medioambientales, listado actualizado de verificadores, entre otras.
La presidencia de la Comisión Técnica recae sobre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, mientras que la vicepresidencia será ocupada por un representante de las CCAA. La Comisión tendrá 16 vocales por parte de la AGE (5 del MARM y 11 de otros ministerios) y un representante por cada CCAA y cada ciudad autónoma, más un representante de las Entidades Locales.
Durante esta primera reunión de constitución se ha acordado que el representante de la Junta de Andalucía asuma la vicepresidencia. Además se ha creado un grupo de trabajo para la elaboración de un modelo metodológico para determinar el valor de reposición de los activos naturales contemplados en la Ley (hábitats, especies silvestres, agua, suelo y riberas del mar) que integre los desarrollos existentes a nivel estatal (como el proyecto VANE de valoración de activos naturales en España) y los realizados, en su caso, en las Comunidades Autónomas.
La Comisión Técnica ha decidido realizar la celebración de unas segundas jornadas sobre responsabilidad ambiental en el mes de junio, así como la puesta en marcha de un módulo de formación para técnicos de las Administraciones central, autonómica y local.
La próxima reunión de la Comisión Técnica será en Septiembre.
MARM
Prevenir y raparar daños así como castigar, es función del código penal. La maraña de normas y leyes administrativas de estos aficcionados gobernantes va dirigida a proteger a quienes ellos quieran y a manipular el principio de igualdad ante la ley. Por cierto, la ley esta de evaluación ambiental, ¿considera al hombre como miembro activo del ambiente que le rodea o es excluido como especie pasiva del ecosistema? ¡Oh, cruel Desdémona…!