Artículo de opinión de Asaja C-LM
Acabamos un mes en el que han predominado momentos de desesperación, de incertidumbre y de convulsión nacional. Por muchas razones, a nadie se nos olvidará el 11-M. Son momentos cruciales para el país en muchos de sus quehaceres cotidianos y sus decisiones políticas. Y en esta encrucijada ha llegado un nuevo gobierno, un cambio de partido político que debe conducir el país en los próximos cuatro años.
Inevitablemente, y a pesar de lo sucedido el 11- M, la vida sigue y la mente nos recuerda aquellos asuntos que teníamos entre manos antes de que la barbarie sucediera. Me refiero al proceso de reforma agraria que afecta a España tan de cerca o la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva, entre otros muchas cuestiones que atañen directamente al desarrollo de la agricultura y la ganadería de nuestro país y, por ende, de nuestra comunidad autónoma.
El nuevo Gobierno se encontrará con una Ley de Arrendamientos Rústicos cuya entrada en vigor –ya ha sido anunciado- va a ser suspendida por entender que va en contra del modelo de explotaciones agrarias que defiende el partido político en el poder. Tampoco podemos olvidar la aplicación de la Ley Básica de Agricultura -quizá sea sustituida por otra Ley de Orientación Agraria-, ni qué va a suceder con el Plan Hidrológico Nacional: si va a salir adelante en los términos actuales o se va a poner en marcha un Plan alternativo. ASAJA de Castilla-La Mancha considera que el actual Plan Hidrológico Nacional se aprobó con el consenso de esta Comunidad Autónoma y, por tanto, se entiende, en beneficio de los castellano-manchegos. Ahora bien, si negociar un Plan alternativo va a suponer mayores prebendas para esta región sin renunciar a los derechos que ya tenemos, hágase cuanto antes.
Tampoco sabemos que va a pasar con el Plan Especial del Alto Guadiana que, por cierto, tanto retraso lleva en su aplicación. No aceptamos su paralización al considerar ilógico tener que negociar de nuevo aquellos aspectos que tanto esfuerzo nos ha costado incorporar al mismo. ¿Por qué no se consulta a las partes implicadas su opinión al respecto? ASAJA de Castilla-La Mancha entiende que su aprobación, desarrollo y ejecución deben ser una realidad inmediata para conseguir un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana. Sin duda, se trata de un paso importante para otorgar “carné de identidad” a los pozos de uso agrícola, redistribuir el agua de los acuíferos sobreexplotados y dar salida a los que no lo están.
Tampoco sabemos que va a pasar con la ley del vino. Desde ASAJA de Castilla-La Mancha exigimos que Gobierno central y autonómico lleguen a un acuerdo inmediato y demandamos firmeza en la defensa de este sector porque se avecina una importante crisis que debe remediarse. El sistema actual no funciona porque sólo beneficia a una parte del sector, porque pervive a costa del esfuerzo y sacrificio de los productores, porque a pesar de que se destinan millones de euros de procedencia pública es incapaz de garantizar las renta de los productores y porque un sistema que fomenta la productividad y paralelamente tiene que dedicar ingentes sumas monetarias a eliminar los excedentes, no es un buen sistema.
En definitiva, muchos temas que requieren decisiones de sentido común y un profundo análisis de los que nos van a gobernar a sabiendas de que por encima de siglas y tendencias deben predominar los intereses de los agricultores y ganaderos de este país. Entendemos que estos días de transición gubernamental supongan un cierto receso en la actividad política pero hay decisiones que no pueden esperar porque de ellas dependen la renta de muchas familias. Por lo tanto, exigimos al nuevo Gobierno que tome las riendas del Ministerio de Agricultura cuanto antes para afrontar con éxito los asuntos pendientes y revalorizar la actividad agraria y ganadera.
El tiempo no se detiene, los partidos políticos se suceden en el poder, las políticas agrarias cambian pero el agricultor todavía entrega sus productos sin concertar previamente un precio de compra, depende de las ayudas nacionales y comunitarias y, se llama Cañete o Espinosa el nuevo ministro/a de Agricultura, el esfuerzo seguirá día a día en el campo, cuando el agricultor salga a recoger la uva, vender la leche de su explotación ganadera o contratar un inmigrante sudamericano ante la indignación de observar cómo sus hijos no sienten motivación alguna por seguir con el negocio familiar.
Ha dicho el nuevo gobierno que habilitará los medios necesarios para incorporar una media anual de 10.000 jóvenes, ojalá sea así.
El campo no atraviesa uno de sus mejores momentos. Son demasiados frentes abiertos. Europa también tendrá el próximo mes de junio sus elecciones al Parlamento Europeo y la Comisión cambiará sustancialmente el próximo mes de noviembre. Los países como España que tienen dos Comisarios sólo podrán contar con uno en el próximo ejercicio y nuestros representantes en el Parlamento Europeo serán cada vez menos.
En medio de esta vorágine está pendiente la aplicación de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que va a ser devastadora para la continuidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas. Mantenemos nuestra petición de que se elabore un informe exhaustivo que incluye medidas para garantizar una renta digna a los productores.
Tampoco podemos olvidar la reforma de otras producciones mediterráneas como es el caso del aceite de oliva. Es probable que la conclusión sobre esta reforma se debata en el Consejo extraordinario de mediados de abril. Desde ASAJA de Castilla-La Mancha exigimos que se defiende con firmeza el olivar de baja producción.
La incertidumbre en la agricultura es una constante que el profesional lleva con total resignación. Las inclemencias meteorológicas pueden arrasar la cosecha de un año de trabajo. Ahora bien, al margen de esas causas naturales, está la inseguridad que provoca el retraso de las decisiones y acuerdos políticos sobre materias de interés o el estancamiento de ciertas negociaciones importante para el desarrollo de la actividad
La agricultura es un sector intervenido y mientras que otros sectores económicos dependen en mayor medida de las leyes del mercado, en este caso, la agricultura está sometida a la intervención por parte de las Administraciones Públicas. Por cada agricultor hay tres funcionarios que deciden por él ¿Puede estar el agricultor tranquilo cuando sabe que su futuro no depende exclusivamente de él?
A pesar de que el número de agricultores haya descendido considerablemente en los últimos años, no podemos olvidar que somos garantes de la supervivencia del 80 por ciento del territorio.
Asaja C-LM