El Tribunal de Defensa de la Competencia no quiere saber del problema, aunque se esté comprando leche a pérdidas para el ganadero, ya que en teoría cuanto más barato se compre a menos precio llega al consumidor. No necesitan las industrias la condescendencia del gobierno para pactar la bajada de los precios al ganadero, pero en esta ocasión le ha venido bien un toque de atención del poder político para contener los precios al consumo y quitarse del medio uno de los temas que ha causado controversia electoral. Las industrias lecheras le han podido ofrecer a Zapatero una bajada del precio de la leche, aunque mínima, que se dio a conocer con los datos del IPC de febrero. Esta bajada, que ha sido más una operación de marketing que algo real, se ha producido no a costa de reducir los abultados márgenes comerciales de fabricantes y distribuidores, sino de ahogar más si cabe las economías de subsistencia de los ganaderos.
Por otra parte, a nadie se le escapa la situación de crisis que atraviesa el país y que se hará más manifiesta en las próximas semanas y meses. La crisis que trata de ocultar el Gobierno ha comenzado con una crisis de consumo de productos alimenticios de primera necesidad, particularmente la carne y la leche, lo que explica la saturación de los mercados y el hundimiento de los precios al ganadero cuando a la vez se están disparando los costes de producción, sobre todo por el encarecimiento de los piensos. Quitar del mercado no menos del 10 por ciento de la oferta para compensar una caída similar del consumo, no está al alcance de un sector ganadero disperso que no puede ponerse de acuerdo, como hacen los industriales.
La guerra en las relaciones comerciales entre ganaderos e industrias se comprende si se habla de desacuerdo en la fijación de los precios para el futuro, pero no se entiende tanto hablando de la fijación de los precios de lo que ya se ha vendido. No es fácil que la gente ajena al sector entienda que la industria lechera española se llevó de casa del ganadero la leche en el mes de febrero, que el ganadero contaba con que se la iba a pagar como los meses anteriores, entre 46 y 48 céntimos de euro el litro, y que ahora a mes vencido se le imponga una bajada de 4 céntimos. No es fácil entender que el dueño de la mercancía, el que le pone el precio, no sea el que la produce, el que ordeña y alimenta cada día las vacas. Y no se entiende que la leche de febrero que quieren pagar al ganadero a 40 céntimos, la vendan en las grandes superficies con un margen del 150 por ciento respecto al precio de compra, y todo ello después de haberle quitado en todo o en parte la grasa para hacer la mantequilla y otros productos lácteos.
En España no llegamos a producir el 70 por ciento de la leche que consumimos, porque además no nos dejan las reglas que establece la Unión Europea. Somos un país importador, sobre todo de Francia. Hace años se nos decía que lo que venía de fuera era de mayor calidad, algo que ahora nadie sostiene porque es rotundamente falso. Ahora se nos dice que de Francia llega más barata, y ASAJA demostró que lo que llega más barato no es precisamente leche de vaca recién ordeñada. El camión de leche francesa que se vació delante de la fábrica de Pascual en el acto de protesta del martes día 4, contenía leche concentrada y parcialmente desnatada. Le habían quitado la grasa y el agua de constitución, dos tercios del agua de constitución para abaratar el transporte internacional y añadir en nuestras fábricas agua del grifo. Con las gangas que compran en Francia elaboran leche reconstituida que consumimos convencidos de que se trata de un producto natural salido de la vaca y sometido tan sólo a un tratamiento de higienización.
Con todos estos ingredientes, el nuevo Gobierno tiene que legislar para garantizar la trazabilidad del producto, para garantizar en definitiva que el consumidor sepa de dónde provienen las materias primas con las que trabaja nuestra industria agroalimentaria. El nuevo Gobierno tienen la obligación de frenar el IPC y para ello no se han de encarecer los alimentos, pero tiene que hacerlo evitando incrementos de precio del 150 por ciento en la fabricación y distribución y no propiciando que los operadores se lleven las materias primas de la alimentación a precios que no cubren los costes de producción. Tendrán que ser nuestros gobernantes más exigentes con los controles de los productos de fuera de nuestras fronteras, a los que hay que exigir al menos la misma calidad que los que se producen dentro. Y hay que exigir a la industria agroalimentaria que base las relaciones con sus proveedores en la confianza, la negociación y el entendimiento, no en la imposición.
ASAJA de Castilla y León