El acuerdo alcanzado está redactado de espaldas a los productores, ya que no tiene en cuenta las principales deficiencias denunciadas por los agricultores tras los diez años de vigencia de la actual OCM y no aborda el principal problema del sector hortofrutícola: las distorsiones en la cadena de valor, es decir, la abismal e injustificada diferencia entre los precios en origen y en destino.
La reforma ofrece un periodo transitorio y permite que, si los Estados Miembros así lo deciden, las ayudas no se desacoplen y no vayan directamente a los productores, sino que sólo lleguen a aquellos que tengan relación contractual con la industria de transformación e incluso sólo a los que estén integrados en las Organizaciones de Productores (O.P.)
El texto “a la carta” aprobado en Luxemburgo genera distorsiones entre los distintos estados miembros y va directamente en contra de el carácter “común” de la PAC, pues finalmente, cada uno de los Estados Miembros podrá adoptar las medidas que prefiera, lo que supone un paso más en la renacionalización encubierta de la PAC y da pie a la arbitrariedad, a la distorsión y a la confusión.
Respecto a la pregonada ayuda nacional al tomate de transformación, debemos recordar que no es una medida de la OCM de Frutas y Hortalizas, sino que se trata de una medida excepcional para otorgar una ayuda puntual para paliar la grave crisis que atraviesa este sector por las elevadas penalizaciones que sufre en la presente campaña. Esta ayuda, será finalmente mucho más baja de los 0,012 euros por kilo inicialmente prometidos.
Por tanto, tras la dejación de funciones en la que ha incurrido la Comisión, es ahora cuando comienza la verdadera negociación, pues todas las opciones han quedado abiertas, y serán por tanto los Estados Miembros y en el caso de España el Ministerio de Agricultura y las CC.AA. los que podrán optar por uno u otro modelo.
Ante este nuevo periodo de negociación interna, desde ASAJA-Andalucía defendemos una OCM que oriente la producción hacia el mercado y que rompa con el inmovilismo, y para ello apostamos por el desacoplamiento pleno de las ayudas desde el instante mismo en que se publique la reforma y rechazamos que se obligue a los productores a mantener cualquier tipo de vinculación con la industria, que debe actuar como un agente más, y competir con el resto de compradores en el mercado, sin ningún tipo de ventajas ni prebendas.
Respecto a las Organizaciones de Productores (OP), piedra angular de la reforma, desde ASAJA-Andalucía apostamos también por estas organizaciones y defendemos que se apoye a aquellas que demuestren su eficiencia económica, pero rechazamos que se excluya del derecho a las ayudas a aquellos productores que no se hayan integrado en una OP, un colectivo amplio, en el que están el 66% de los productores españoles, que no deben quedar desprotegidos.
En la etapa de negociación que hoy se abre, esperamos que la Consejería andaluza de Agricultura atienda las demandas del sector antes de tomar ninguna decisión y mantenga más encuentros sectoriales de los que ha tenido en esta etapa previa, en la que no se ha reunido ni una sola vez con las organizaciones agrarias andaluzas.
ASAJA recuerda que el sector de las frutas y hortalizas es crucial para Andalucía pues aporta más de 7.000 millones de euros a la producción final agraria (PFA), lo que le sitúa, con algo más del 46%, en primer lugar por su aportación a la PFA, por encima del aceite de oliva. Es además el primer sector exportador de Andalucía, la exportación andaluza de frutas y hortalizas supone un montante de 2.400 millones de euros, algo más del 20% de todas las exportaciones andaluzas. Este sector esta también en cabeza por el empleo agrario generado, ya que proporciona trabajo a 140.000 personas.
Asaja-A