El nuevo proyecto de Ley del Suelo, aprobado por el Consejo de Ministros pretende imponer al agricultor un precio tope para vender sus tierras, el único patrimonio que le puede quedar cuando se consume la ruina del campo alicantino, tras el abandono institucional al que se ve sometido. Eladio Aniorte, presidente de la organización profesional agraria afirma que “se trata de un proceso totalmente innecesario y resulta vergonzoso que el Gobierno considere que las compensaciones que percibe el agricultor por el suelo expropiado son elevadas, con los bajos precios que ofrece la Administración en los convenios de adquisición según la ley vigente, y en consecuencia, tengan que sacar una ley para rebajar los precios del suelo rústico”.
Asaja Alicante pide respeto para los agricultores y exige al Gobierno que la indemnización por el perjuicio ocasionado garantice al menos la sostenibilidad de la actividad agraria. “Tal y como está la rentabilidad de la Agricultura, ésta no puede ser tomada como medida para establecer el valor del suelo. Los terrenos tienen un precio que marca el mercado y cuando un agricultor es expropiado, la indemnización debe ser suficiente para poder adquirir esa misma superficie de tierra en otro lugar, en condiciones similares para que permitan seguir desarrollando la actividad agraria” explica Eladio Aniorte, quien añade que “este planteamiento es incoherente y parece ser que los agricultores tenemos que regalar el suelo igual que hasta el momento estamos regalando nuestras cosechas”.
La actual Ley de Expropiación Forzosa establece que cuando se produce una colisión entre un interés público y otro privado, siempre ha de prevalecer el interés general. Así se justifica la venta forzosa pero la función social de la propiedad no debe ser regulada por la Administración. El artículo 22 del nuevo texto legal expone que la valoración de suelo rural se realizará mediante la capitalización de la renta anual real del agricultor, es decir, en función del rendimiento de la explotación agraria objeto de la expropiación, con el propósito de eliminar elementos especulativos del proceso.
Para Asaja Alicante este nuevo enfoque proteccionista resulta del todo paradójico “sobre todo cuando es el mismo Gobierno que ahora establece un precio máximo para el suelo rústico, el que permite que tengamos que regalar nuestras cosechas, porque no puede fijarse un precio mínimo sin atentar contra las normas del libre mercado” manifiesta Eladio Aniorte. Además si la Ley finalmente se aprueba va a ser la fuente de numerosos conflictos ya que “los agricultores no vamos a permitir que fiscalicen nuestras tierras, pues es lo único que nos queda para poder seguir produciendo en un futuro, y nuestro seguro en el caso de no poder cultivarlas por falta de agua, de rentabilidad, u otras circunstancias”.
ASAJA-Alicante