Nota Asaja-Andalucía
El responsable del Área de Medio Ambiente de ASAJA-Andalucía y presidente de ASAJA-Huelva, Rafael Morales, ha mantenido un encuentro con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, PP, IU-Los Verdes, PA y Grupo Mixto) para exponerles los motivos del rechazo de esta organización agraria al anteproyecto de Ley de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía.
ASAJA-Andalucía considera que la citada Ley es innecesaria por cuanto ya existe normativa andaluza suficiente sobre flora y fauna, entre otras, la Ley 2/89 de Inventario de Espacio Naturales Protegidos, la Ley 2/92 Forestal de Andalucía, toda la normativa paralela sobre Red Natura, Lugares de Interés Comunitario, Normativa de control sanitario y Zonas de Especial Protección de Aves, a lo que se debe sumar el catálogo de medidas adicionales de control, caso de los Planes Técnicos de Caza, Planes de Prevención de Incendios Forestales o Planes de Ordenación de Montes. Esta prolijidad normativa produce un solapamiento que dificulta su adecuada compresión y conocimiento por parte de los administrados.
Desde ASAJA-Andalucía entendemos que lo que Andalucía necesita es una Ley de Caza específica, tal y como tienen el resto de Comunidades Autónomas de España, a pesar de que en muchas de ellas la caza tiene menor importancia socio-económica que en Andalucía, donde esta actividad mueve 1.200 millones de euros anuales. Es incongruente que la Consejería de Medio Ambiente presente un anteproyecto de Ley de Flora y Fauna que en un “totus revolutum” intenta regular el 90% de las actividades que se desarollan en el medio rural, entre ellas la caza. Con esto sólo se consigue provocar la inseguridad jurídica de los administrados, desconcertados ante la profusión legislativa y el solapamiento, e incluso las contradicciones, normativas.
Por otra parte, ASAJA-Andalucía denuncia que en la elaboración de esta Ley no se ha tenido en cuenta la opinión del sector, puesto que la Consejería de medio Ambiente ha hecho caso omiso a las alegaciones que se le han presentado desde asociaciones de cazadores, Federación Andaluza de Caza, representantes de productores de caza, agricultores, ganaderos, empresarios y propietarios. Hay que recordar que en el año 1999 ya se intentó promulgar esta Ley y se mantuvieron, por parte de la Administración, contactos con los agentes sociales mencionados. Sin embargo, fue tal la avalancha de alegaciones y peticiones de anulación íntegra que la Consejería de Medio Ambiente decidió su paralización. Es ahora, transcurridos cuatro años, cuando se presenta a Consejo de Gobierno y posteriormente al Parlamento con una urgencia que hace pensar en otros motivos que los meramente cinegéticos y medioambientales. Todo ello sin que haya mediado consulta alguna con los agentes sociales.
La referida Ley atenta contra los principios esenciales en un Estado de Derecho porque, entre otros aspectos, quiebra el concepto de propiedad privada en el ámbito rural, equipara los guardas forestales a los Cuerpos de Seguridad del Estado, permite la expropiación sin compensación alguna y vulnera el principio de presunción de inocencia, al considerar al propietario del terreno responsable de lo que en él ocurra, sea o no culpable. Todo ello sin olvidar que el texto propuesto produce confusión entre especies de la fauna cinegética y el resto.
Asaja-A