ASAJA considera que el Gobierno tenía que ser más valiente y ambicioso en este tema, marcando un mínimo obligatorio –y no sólo indicativo, como se pretende– del 5 por ciento ya para 2008, al menos en bioetanol, y subir progresivamente este porcentaje en los próximos años hasta alcanzar o incluso superar ese 10 por ciento marcado por Bruselas como obligatorio para 2020, puesto que las condiciones de nuestro país lo permiten.
Un papel decidido del Gobierno en este tema es fundamental, ya que en los últimos años se ha comprobado que sin una normativa que lo imponga, las petroleras han desoído las recomendaciones de mezclar con biocarburantes, tal como marca la Unión Europea. Esta situación ha hecho que plantas de etanol como la de Babilafuente (Salamanca), una de las más importantes de toda España, esté actualmente parada, porque no le es rentable producir en esas condiciones. El hecho de que la obligatoriedad del uso de biocarburantes se introduzca en la Ley de Eléctricas, y no se tramite como un Real Decreto, como en principio se preveía, permite establecer un régimen sancionador si se incumple esta premisa.
Por otra parte, ASAJA recuerda que esta nueva obligatoriedad de introducir biocarburantes hace necesaria una nueva planificación productiva para el sector agrícola. Así, para atender toda esa creciente demanda de materias primas destinadas a biodiesel y bioetanol y para depender lo menos posible de la UE o países terceros, es necesario que se invierta en la transformación de regadíos y se cuente con los cultivos transgénicos destinados a la producción de bioenergía, “porque de lo contrario Estados Unidos y los países con agriculturas más competitivas nos echarán del mapa”, recalca la OPA.
Asaja-Castilla y León