Nota de Asaja Castilla y León A pesar de que ASAJA, como así ha expresado públicamente, ha recibido positivamente este cambio de orientación en el Partido Popular, que en las últimas semanas parece que se ha dado cuenta de que su Plan Nacional de Regadíos ha fracasado en Castilla y León, y hacen ahora suyas algunas de las propuestas que ASAJA lleva un año defendiendo, la información suministrada hasta hoy por José Valín, a través de los medios de comunicación, es confusa. ASAJA exigirá a la Consejería de Agricultura que proporcione documentación exhaustiva para que las organizaciones agrarias puedan analizar la propuesta, y comprobar que de verdad suponga un ahorro para los regantes, y no un atractivo “artilugio contable” para vender pocos días antes de las elecciones generales.
La OPA considera que es necesario que los sistemas de financiación se adapten a las diferentes agriculturas, ya que como ha quedado sobradamente probado, el regadío en áreas continentales como nuestra Comunidad Autónoma no es tan rentable como en otros puntos del país, como el Levante. Lo cierto es que, “mientras que la agricultura ofrece cada vez menores márgenes de beneficio, la obra pública cada vez es más cara, por lo que las fórmulas de financiación que había antes no sirven ahora, sobre todo en zonas donde tenemos cultivos extensivos poco productivos, a los que se añadirá el problema de los efectos del desacoplamiento y la revisión de OCM como la del azúcar”, subraya ASAJA.
Por otra parte, ASAJA advierte que ese nuevo modelo de financiación que presentará Valín afecta únicamente a las obras de modernización de regadíos, promovidas desde SEISA, pero en ningún caso afectará a los nuevos regadíos desarrollados por la propia Consejería o el Ministerio de Agricultura.
El planteamiento con el que acudió ASAJA a la reunión es de oposición total a la aplicación de las distintas normativas que afectan a los regadíos, ya sea la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, como las obras dependientes de la Ley 14/1990 de Concentración Parcelaria, como las del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Entre las obras dependientes de la Ley de 1973 se incluyen proyectos como el que está ahora de actualidad, la transformación en regadío de superficie abastecida por el canal de Payuelos, en las que el sector tiene que pagar un 60 por ciento de los costes, en un plazo de 20 años y a un 4 por ciento de interés; condiciones similares establece la Ley de 1990. Para este tipo de obras, seguimos exigiendo que se recalculen los costes para periodos más largos de tiempo. ASAJA pretende que se pudiera llegar hasta un plazo de 40 años en lugar de 20, y que se repartieran los costes en igualdad de condiciones, mitad y mitad para Administración y agricultores, 50-50 pro ciento. También el tipo de interés ha de adaptarse a la filosofía de apoyo a los regadíos que hubo en su origen. No se puede ignorar que el 4 por ciento marcado entonces estaba muy por debajo del interés del dinero, pero hoy se sitúa bastante por encima.
En las obras dependientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico seguimos exigiendo que en vez de los 25 años actuales las amortizaciones se puedan hacer en un periodo de hasta 50 años, y con unas cuota constantes en todo el periodo, y no decrecientes, como hasta ahora.
Finalmente, ASAJA sigue reclamando un planteamiento político global y serio del problema del regadío, dada su trascendencia para el futuro de la agricultura regional, y no que los escasos avances que se producen sean a base de parches en momentos rentables electoralmente.
Asaja CyL