En primer lugar la Junta ha confirmado, ya que es el dato que le interesa por ser el más favorable para seguir silenciando el problema, los casos en los que el Centro Nacional de Microbiología ha identificado y caracterizado el microorganismo causante de la tularemia, es decir, la bacteria Francisella tularensis. Previo a este paso, se ha diagnosticado clínicamente la enfermedad en base a los síntomas y datos epidemiológicos por el médico de cabecera y se han realizado dos pruebas serológicas con diferencia de 14 días en los laboratorios oficiales de la Junta que no son otros que los laboratorios del Sacyl donde se diagnostican todas las enfermedades comunes. Estos análisis en el Sacyl son de absoluta solvencia sobre todo cuando con dos pruebas serológicas distanciadas 14 días se obtiene un resultado de positivo a la enfermedad por la técnica conocida como seroconversion – los títulos de anticuerpos séricos no alcanzan un nivel de diagnóstico hasta 10-14 días tras la aparición de la enfermedad, razón por la que se hacen dos pruebas-. La mayoría de los pacientes actuales son enfermos a los que tras el diagnóstico clínico se le ha puesto un tratamiento de antibióticos específicos y se han remitido las muestras de sangre al Sacyl dando positivo a tularemia en las pruebas serológicas. A efectos de tratar a los individuos enfermos, lo que importan son estas pruebas serológicas ya que el tratamiento con antibióticos específicos se inicia incluso con la sospecha clínica del médico sin esperar los resultados analíticos más rápidos, tratamiento que es de 15 ó 20 días, y que por tanto cuando se hace la confirmación microbiológica (esa a la que se aferra la Junta), en una evolución razonable de la enfermedad, el paciente ya está curado.
La analítica microbiológica, que está recogida en la normativa sobre Vigilancia Epidemiológica, no tiene tanto un fin de diagnóstico previo al tratamiento como “un fin de aportar información específica para la vigilancia epidemiológica” de forma que permita, según recoge la normativa en vigor, “detecta la circulación de diferentes agentes etiológicos, sus características y patrones de presentación, caracterización de brotes epidémicos e identificar nuevos agentes y patologías emergentes, así como incorporar nuevos elementos de vigilancia”. Digamos que la microbiología es reincidir en la confirmación diagnóstica con fines más burocráticos que clínicos.
La Junta, que ha confirmado los casos de pacientes únicamente cuando ha contado con los resultados analíticos del Centro Nacional de Microbiológía, está dando la información de pacientes enfermos con varias semanas de retraso cuando ya salvo alguna recaída están dados de alta y por tanto curados. El elegir este momento del diagnóstico y no otro, es porque le interesa para silenciar la enfermedad y va contra la propia normativa de la Junta que regula el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León. El Decreto y la Orden que regula este Sistema de Vigilancia, establece que la notificación de la enfermedad “se hará ante la sospecha clínica” y así se recoge en la página Web de la Junta, lo que no están cumpliendo ya que lo están notificando varias semanas después cuando ha finalizado el estudio microbiológico. Esta diferencia de no menos de 4 ó 5 semanas desde que el paciente llega al médico de cabecera hasta que se remiten los resultados del laboratorio de Majadaonda, más otra semana hasta que la Junta los comunica y son ya ¡6 semanas!, es la principal causante de la discrepancia entre el número de pacientes que dice la Junta y los que son reales y recoge ASAJA en sus manifestaciones.
Es obvio que la información que nos interesa es la de los casos declarados por sospecha clínica, y más con diagnóstico serológico positivo, como indican las normas, ya que coincide en el tiempo con el padecimiento de la enfermedad por parte del paciente, momento en el que interesa saber la evolución de la misma, está más próxima en el tiempo la relación causa efecto, y nos interesa por las connotaciones laborales de la enfermedad. Conocer los casos de positivos de la enfermedad varias semanas después de contraerla y cuando el paciente está dado de alta, no tiene interés más que para quien quiere silenciar los hechos.
Queda constatado que la Junta no está cumpliendo con los preceptos de su propia normativa sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria, está dando datos que ya no tienen interés clínico y como mucho tienen interés epidemiológico, y en todo caso llegan intencionadamente tarde. Se están enviando muestras al laboratorio de microbiología de pacientes que ya están curados, y se está ocultando una enfermedad para no asumir el coste político derivado del error de no controlar a su debido tiempo la plaga de los topillos.
No es fácil entender que la Junta se niegue a que los partes médicos se cursen como enfermedad profesional, salvo que quiera seguir fastidiando más y de más maneras a los agricultores y ganaderos, y no es fácil entender que al día de hoy no se haya declarado la enfermedad como una EPIDEMIA que es (ver definición de epidemia en la normativa publicada por la Junta).
Como resumen de todo esto, y para evitar la guerra de cifras, se pide a la Junta que se atenga a su propia normativa (Decreto 69/2006 y Orden SAN 2128/2006) y publique con periodicidad semanal los casos NOTIFICADOS de Tularemia al Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades Trasmisibles de Castilla y León. Este dato, al día de hoy es de más de dos centenares y crece cada día. Es el dato que interesa a los ciudadanos y por supuesto a ASAJA: saber quienes están en estos momentos enfermos de tularemia por convivir con la plaga de topillos.
Mapa