Las nuevas ayudas agroambientales, que comenzarán a aplicarse a partir de la campaña 2001-2002 y que tendrán una vigencia de cinco años, discriminan a los arroceros valencianos respecto a los productores de otras comunidades autónomas al no tener en cuenta las enormes limitaciones que soportan los primeros por cultivar dentro de parques naturales, las cuales condicionan su capacidad competitiva, según señala la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).
«Estas nuevas ayudas las podrá solicitar cualquier arrocero español que adquiera una serie de compromisos medioambientales, entre los cuales no se comtempla las grandes limitaciones estructurales, de tipo de cultivo, de prácticas agrarias y los perjuicios generados directamente por la fauna que habita en los espacios protegidos, que los arroceros valencianos tienen que asumir por encontrarse mayoritariamente enmarcados dentro de parques naturales, los cuales con su labor posibilitan el mantenimiento de estos ecosistemas que son públicos, para el disfrute de toda la sociedad», señala el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.
Por este motivo, AVA exige a la Administración valenciana que compense la labor social realizada durante años por los arroceros valencianos por su contribución al mantenimiento de los parques naturales, «por asumir unas competencias cuya responsabilidad compete a la sociedad en su conjunto, porque, en caso contrario, podría resurgir la polémica de antaño sobre la idoneidad de tener o no un parque natural», manifiesta Aguado.
Las limitaciones del parque natural impiden, por ley, cualquier alternativa de cultivo y que se incremente o se reduzca la superficie de arroz en el mismo. Sin embargo, los arroceros valencianos siguen sufriendo penalizaciones de Bruselas porque en el conjunto de España se supera la superficie máxima garantizada, mientras la rentabilidad del arroz sigue cayendo al reducirse las ayudas.
La organización agraria entiende que la filosofía de dicha penalización ha perdido su sentido original en el caso del arroz cultivado dentro de espacios protegidos por lo que exige la inmediata zonificación de las ayudas comunitarias que impida que «abusos de otras regiones los paguen siempre los mismos».
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