La medida más polémica que contiene es, precisamente, la declaración de “utilidad pública” a efectos expropiatorios de un espacio protegido, sin prever en ningún caso indemnizaciones, compensaciones ni ayudas en favor de los afectados por restricciones de uso o por privación de la propiedad de terrenos rurales. Se le da un “cheque en blanco” a las administraciones ambientales para desarrollar limitaciones que ni acota ni orienta bajo principio alguno. Las garantías judiciales de la propiedad privada de nuestro sistema democrático parecen no ser de aplicación al campo español. Prohíbe, además, modalidades de caza muy arraigadas como son: contrapasa, silvestrismo, paranys, becada, codorniz, tórtola, torcaz, zorzales, etcétera, y también la media veda, la caza de aves migratorias y aves acuáticas, y, asimismo, prohíbe la munición de plomo en humedales (sin determinar claramente su acotación: si incluye charcas, riachuelos, lagunas artificiales…), todo lo cual puede suponer un recorte drástico de la caza, del control poblacional de especies y del tiro deportivo en más del 40% de territorio de nuestro país. Y, para no perder la armonía con sus propias extralimitaciones, incrementa también las sanciones por infracción hasta los 2.000.000 de euros, lanzando un mensaje amenazante a los habitantes del medio rural como si fueran los responsables de todos los males que aquejan al planeta.
Desde ASAJA GRANADA y APROCA GRANADA apoyamos firmemente las reivindicaciones que guían la Manifestación del 1 de marzo “Por el campo, la caza y la conservación” y queremos poner en claro que el campo defiende sus fuentes de actividad y riqueza y no está dispuesto a sufrir más ataques a su modo de vida. El sector agrario muestra con este acto de protesta su agravio frente a una Ley restrictiva e intervencionista, que confronta al hombre del campo con la Naturaleza, y que pone bajo sospecha usos tradicionales como son la caza y la pesca (junto con la agricultura, la ganadería o la silvicultura). Con ella no se salvaguardan los valores de la sociedad rural sino que se limita la actividad social, económica y cultural del campo español fomentando su despoblación, y se carga, además, todo el coste de la conservación del medio ambiente sobre el sector agrícola, ganadero y forestal que desde siempre lo ha protegido. La gestión pública del medio ambiente no debe estar sólo pendiente de gestos
ASAJA GRANADA