Estas obras de concentración parcelaria y modernización del regadío se entregaron a principios de los años 90 a los propietarios en los pueblos de Villanueva de Jamuz, Quintana del Marco, San Juan de Torres y Genestacio, y al no hacerse cargo la Comunidad de Regantes de los pagos, se ha procedido contra los comuneros como fiadores solidarios.
La cantidad reclamada por la Junta es de unos 6.000 euros por hectárea, correspondiendo a 9 de las 10 anualidades, por lo que la deuda total ascendería a unos 6.600 euros por hectárea.
Desde el punto de vista de la rentabilidad agrícola, hoy es inviable satisfacer dichas cantidades ni ninguna cifra que se le parezca, por tanto ASAJA hace un llamamiento expreso a la Consejería para que se entre en una negociación en la que se revise el estado en que se entregaron las obras, el importe devengado, y los intereses y plazos de pago.
En la actualidad, todas las obras de regadíos de la Junta se pagan en el plazo máximo de 20 años que permite la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León. Aun en 20 años, el coste al propietario supondría 333 euros por hectárea y año, a lo que habría que añadir otros gastos como el canon de regulación o los gastos corrientes de la propia Comunidad de Regantes, por lo que sigue siendo absolutamente inviable.
La Junta de Castilla y León ya ha reconocido la extrema “dureza” de esta fórmula de financiación de las obras de regadío, hasta el punto que el pasado año se modificó la Ley de Concentración Parcelaria (Ley 4/2005 de 23 de mayo) ampliando los plazos de las amortizaciones hasta los 40 años, con un tipo de interés del 2%, y subvencionando el 50% en vez del 40% actual. Con esta fórmula, los propietarios de las concentraciones del Jamuz pagarían menos de 150 euros por hectárea y año, cantidad muy elevada pero que podría servir como referencia para la negociación. Hay que decir que la Junta reconoce en una Ley la fórmula más justa de financiar estas obras, pero la entrada en vigor de la misma se condiciona a que el MAPA y Medio Ambiente apliquen en sus campos de actuación criterios similares.
En la resolución del Director General se amenaza a los comuneros con la posibilidad de privarles de los beneficios de excusión y de división, a los efectos de fianza entre fiador y acreedor por lo que el saldo adeudado por la Comunidad de Regantes en su conjunto podría exigirse directa y únicamente a cualquiera de los agricultores propietarios. Ante esto, como ante la posibilidad de que se cobren cuotas por anualidades que hagan inviable el negocio agrario, ASAJA lo único que tiene que de decir es: ¡que se atrevan!.
ASAJA LEON