En este contexto de situación económica global, donde el sector agrario padece su crisis particular con una caída de rentabilidad que está llevando a la mayoría de explotaciones a pérdidas, es imprescindible que se adopten medidas para reducir gastos y evitar la quiebra. En la agricultura de regadío dependiente de aguas superficiales, un coste importante es el referente a las tarifas de riego, canon de riego y cuotas de amortización de obras, que representan en conjunto una media de más de 250 euros por hectárea y año – en algunas zonas regables la cifra sobrepasa los 500 euros –.
Las administraciones beneficiarias de estas cuotas son la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y en menor medida la consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta.
La agricultura de regadío en Castilla y León se basa mayoritariamente en explotaciones de cereales de invierno, maíz, patatas, remolacha y forrajes. Estas explotaciones, que ya de por sí tienen una rentabilidad muy ajustada, están afrontando campañas de altos costes de producción y caídas de bruscas de los precios. Si en el secano se han dejado de cultivar más de un 20 por ciento de las tierras respecto al año anterior, porque a los agricultores no le salen las cuentas, nos podemos encontrar con una situación similar en el regadío si no se toman una serie de medidas como ésta que propone ASAJA, a sabiendas que son “un parche” hasta que la situación se normalice.
En la Cuenca del Duero, mayoritaria en Castilla y León, están contabilizadas unas 255.000 hectáreas regadas con aguas superficiales; a esta cifra habría que sumar las aportaciones más minoritarias de las cuencas del Tajo, Ebro
ASAJA Castilla y León