Si a todo esto unimos que no se contempla ningún sistema de ayudas a la hectárea dirigido al productor y al mantenimiento de sus rentas, la valoración de ASAJA es de rotundo rechazo al modelo de viticultura diseñado por la Comisión.
El documento presentado el miércoles por la Comisaria de Agricultura, Mariann Fischer-Boel, plantea una Organización Común de Mercado (OCM) para el sector vitivinícola radicalmente distinta a la que actualmente está en vigor y en la que las propuestas esenciales formuladas por el sector productor español y europeo no han tenido ninguna cabida.
En primer lugar, no se prevé ninguna medida dirigida a apoyar el principal objetivo de la PAC, la renta del productor. Hay que recordar que ASAJA ha reclamado insistentemente la necesidad de establecer un sistema de ayuda a la hectárea como medida básica y necesaria para el mantenimiento de las rentas de los viticultores y de forma compatible con otras tendentes a incrementar la competitividad de los vinos europeos.
Por otra parte, la eliminación de las medidas de gestión de mercado (destilación de crisis, de alcohol de uso de boca, ayudas al almacenamiento…) y de las restituciones a la exportación van a provocar que se desequilibre aún más el mercado y esto se traducirá en una disminución de la renta de los viticultores ya que bajará el precio percibido por la venta de las uvas.
En contra de otra de las reivindicaciones de ASAJA que era que la nueva OCM asegura para España el mismo presupuesto que hasta ahora percibía de la UE (450 millones de Euros, es decir el 37,3 % del total), con la propuesta presentada hoy se producirá una disminución considerable de fondos. Por dos motivos: por un traspaso del casi el 30 % del presupuesto total de la UE(400 millones de Euros) a Desarrollo Rural y por otra parte, porque el montante a repartir directamente entre los Estados miembros sería de 623 millones de Euros en vez de los 1.209 millones de Euros actuales.
Respecto a las medidas destinadas a impulsar el arranque de viñedo, ASAJA siempre ha defendido que deberían contemplarse como complementarias (y no ser pieza clave de la reforma) y con carácter estrictamente voluntario para el productor. Además, consideramos una tremenda incoherencia que tras la finalización del pago de la prima al arranque de viñedo (31 de diciembre de 2013) se produzca a continuación una liberalización de las plantaciones de viñedo.
En conclusión, confiamos que en el trámite que ahora comienza de negociaciones y discusiones en el seno de las instituciones comunitarias y sobre todo en el Consejo de Ministros de la UE, la delegación española sea capaz de modificar los aspectos más perjudiciales de esta propuesta para España y consiga una reforma más afín a los intereses españoles.
ASAJA