Nota de ASAJA Salamanca
En los últimos años la preocupación por la fauna y los espacios naturales protegidos nos está llevando en muchos casos a una sobreprotección que perjudica seriamente el campo causando, con ello, daños directos al patrimonio del agricultor y ganadero como se puede comprobar a diario en los medios de comunicación con el claro ejemplo de lobos.
No cabe ninguna duda de que la creación de una red ecológica europea en zonas de especial conservación como la Red Natura 2000 nos beneficia a todos y contribuye al mantenimiento y conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora de interés comunitario. Esta red que incluye además Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y Zonas de Especial Conservación (ZEC) a partir de la selección de una lista de Lugares de Interés Comunitario (LICs) contribuye a un medio ambiente sostenible con la inclusión de aves esteparias como la avutarda, pero en muchas ocasiones esas mismas aves causan daños irremediables en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Para evitar esta situación de indefensión que sufre el profesional del campo hay que buscar una solución que armonice la convivencia de las especies protegidas con la actividad de los agricultores y ganaderos.
Vicente de la Peña, presidente de ASAJA Salamanca, considera que la solución por los daños causados de esta fauna protegida deben surgir de la propia Administración regional a instancias de las delegaciones territoriales mediante la elaboración de un apartado legal que contemple la compensación económica y patrimonialde los titulares de las explotaciones que están contribuyendo con sus cosechas y cabañas ganaderas al mantenimiento de estos animales y para ello hará llegar la propuesta que se detalla más adelante a los partidos políticos con representación en las Cortes regionales.
En la provincia de Salamanca principalmente son el lobo, el buitre y la avutarda las especies protegidas que mayores pérdidas ocasionan. En el primer caso, las cifras hablan por sí solas. Más de 900 animales muertos en el 2003 con un mayor fallecimiento de ovinos (792), seguido de terneros (127) y en menor medida de caprino (7). Hacer frente a las pérdidas económicas y a los ataques de estos animales es prácticamente imposible y además el futuro plan integral para la gestión del lobo en Castilla y León tendrá que esperar la respuesta de la UE para su entrada en vigor en el 2005 y aún así no garantiza las batidas al sur del Duero en casos como estos.
El buitre leonado por su parte, ha cambiado su estrategia. Si antes se alimentaba de los animales muertos ahora, con el sistema de recogida de cadáveres que obliga al ganadero a eliminar cualquier resto, ha cambiado su táctica de supervivencia y ataca a los recién nacidos tras el parto con la consiguiente pérdida económica que ello supone para el ganadero.
Si el lobo y el buitre causan estragos en el patrimonio de los ganaderos, la avutarda lo hace en el de los agricultores, especialmente en los cultivos de girasol, cuando empiezan a crecer en el mes de mayo. A pesar de que hay algunos municipios incluidos en programas de estepas cerealistas para alimentar estas aves esteparias otros no lo están y, por lo tanto, nadie le compensa al titular de la explotación la pérdida de una parte de su cosecha. Para que se hagan una idea, un socio de esta casa vio como en tan sólo un mes una bandada de unas 20 avutardas le dejó sin 9 hectáreas de girasol. Como dato curioso sepan además que esta especie ni siquiera se puede espantar.
Vicente de la Peña, presidente de esta OPA, con el fin de aportar una solución urgente a esta situación de indefensión que provocan las especies protegidas, propondrá a los partidos políticos con representación en las Cortes regionales que tomen conciencia de su responsabilidad institucional y desarrollen un modelo de contrato voluntario enmarcado en un plan de gestión agroambiental que armonice la relación del agricultor y ganadero con las especies protegidas asegurando económicamente el daño patrimonial que sufren las explotaciones.
De la Peña pretende, de esta manera, que el empresario agrario pueda compatibilizar sin miedo dicha situación de indefensión ante las pérdidas que ocasionan las especies protegidas mediante un criterio empresarial acorde al desarrollo sostenible y las leyes ambientales.
El presidente de ASAJA Salamanca insistirá, haciendo llegar estas reivindicaciones a los partidos políticos, en el uso restringido o limitado que supone llevar a la práctica la profesión agro-ganadera cuando se limita de esta manera su derecho de la propiedad sobre su propia explotación sin ningún tipo de compensación económica por contribuir al respeto del medio ambiente.
En última instancia, de la Peña instará a los partidos políticos que participan en el poder legislativo regional a que la ley de Espacios Naturales de Castilla y León contemple este nuevo modelo de contrato agroambiental y recoja así las inquietudes del empresario del campo englobadas en un plan de gestión inteligente y desarrollo sostenible.
ASAJA Salamanca