Nota de ASAJA-Toledo
Degradación medioambiental, posible desaparición de la actividad agrícola en los municipios afectados y devaluación de los terrenos rústicos que se encuentren en parajes incluidos en el Coto Minero de La Sagra son algunos de los argumentos en que se basan los recursos potestativos de reposición interpuestos, a través de la Asesoría Jurídica de ASAJA de Toledo, por más de cien agricultores y ganaderos de la zona de La Sagra en contra de la Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se autoriza la formación de un Coto Minero en dicha comarca.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Toledo, cuyo presidente, Manuel Juárez, acompañado de los servicios jurídicos de ASAJA, se reunió el miércoles 28 en Pantoja con afectados de toda la comarca, considera la creación de un Coto Minero un “atropello contra los derechos e intereses de los agricultores y ganaderos de la zona”.
Esta Asociación denuncia, así mismo, la falta de información y de transparencia en las gestiones realizadas para la creación del Coto Minero, ya que, aunque los primeros pasos se empezaron a realizar en 1999, desde entonces y hasta el 30 de marzo de este año, fecha en que se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución de la Consejería, ninguna administración regional, provincial o local se ha dirigido a los propietarios de los terrenos afectados por el mismo para informarles de este tema ni, mucho menos, se les ha dado la opción de opinar de un asunto que podría afectar al desarrollo de su trabajo y, por lo tanto, de su economía. Además, los afectados no han podido presentar alegaciones puesto que la Resolución de Industria pone fin a la vía administrativa.
Los agricultores y ganaderos que han decidido presentar recurso arguyen que no se han tenido en cuenta los graves perjuicios que supondría la formación de un Coto Minero –el primero que se crearía en España- para los propietarios de los terrenos afectados por el mismo, puesto que uno de sus efectos inmediatos sería la pérdida de valor de las parcelas agrícolas ya que, en la práctica, no se podrían vender para otro uso que no fuera el minero, lo que podría repercutir en un control indirecto del precio de las tierras por parte de los industriales mineros y una presión añadida que obligue a la venta o arrendamiento de tierras agrícolas a la empresa minera.
En cuanto a las razones que se exponen en la Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo para crear un coto minero: racionalización de las explotaciones mineras y su restauración por parte del Consorcio Minero y protección del medioambiente, entre otras, suponen una grata sorpresa para los agricultores y ganaderos ya que, y tal y como se recoge en el recurso presentado, “hasta ahora, los propietarios e industriales de cerámica no se han mostrado en absoluto protectores del medio ambiente, ni de nuestros caminos rurales, ni de los acuíferos, ni de los arroyos existentes en nuestro pueblo. Debemos recordar que no hay ninguna cantera que se haya rehabilitado y que los caminos se hacen impracticables (incluso se da la circunstancia que algunos de estos caminos han visto variado el curso que tenían desde tiempos inmemoriales y otros han desaparecido)”. Se da el caso de agricultores que no pueden acceder con el tractor a sus parcelas por los enormes socavones que horadan la zona.
La situación empieza a ser preocupante pues, en la actualidad, ya hay presiones por parte de empresas mineras a propietarios de terrenos agrarios, requiriéndoles el arrendamiento de dichas parcelas, bajo la amenaza de acogerse a la Ley de Expropiación Forzosa – lo que, al tratarse la arcilla de un bien de uso público, se contempla en la Ley de Minas – para ocupar aquellos terrenos que consideren necesarios para llevar a cabo la explotación de sus yacimientos. Los agricultores y ganaderos temen que el Coto Minero dé más alas a los industriales para requerimientos de este tipo.
Cabe recordar que la arcilla es un bien común, aunque su explotación la lleven a cabo empresas privadas, por lo que la Administración debe vigilar que la explotación de esta fuente de riqueza se haga de forma controlada, racional y sin perjudicar al resto de habitantes de la zona. En este sentido, los agricultores afectados consideran que la riqueza que genera la industria de la cerámica que, presuntamente, justificaría la formación del coto minero, “no revierte en modo alguno en el bien común de los ciudadanos de esta comarca”. Con relación a este asunto, es relevante que, por ejemplo, más del 7,5 por ciento del término municipal de Pantoja – 2.122.667 m2- pertenezca a propietarios de canteras y explotaciones industriales relacionadas con la minería y que, sin embargo, esa superficie esté declarada como improductiva, con un valor catastral de cero y, por lo tanto, está exenta de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles.
Dado que la mayoría de los agricultores no conocía este asunto hasta que esta asociación agraria realizó las primeras reuniones informativas y, teniendo en cuenta que el plazo para presentar recursos concluye mañana, los servicios jurídicos de ASAJA-Toledo preparan un escrito de oposición al coto minero (recogida de firmas) que apoyará los argumentos expuestos en los recursos de reposición.
Asaja-Toledo