La Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG) celebró anoche su asamblea general ordinaria en la que valoró y aprobó las cuentas y memoria de actividades del ejercicio 2009, a la vez que fue informada por su Presidente, Isidoro Cayuela, de diversas cuestiones de común interés para los asociados.
Informó Isidoro Cayuela de que el Ayuntamiento de Totana adeudaba aún a la organización la cuantía del convenio del 2009 y que, salvo que la asamblea le diese instrucciones de lo contrario, no estaba dispuesto a echarse “la foto” con la firma del convenio del 2010, si antes no se cobraba el del 2009, y que así se lo había comunicado al Concejal de Agricultura.
También el Presidente de la Unión de Agricultores volvió a relatar las incidencias habidas en el 2009 y 2010 en relación con la denominación de origen de la uva dominga, aclarando que al final en Bruselas no habían aprobado la D.O.P. y habían archivado el expediente porque desde la Consejería de Agricultura de Murcia no habían aportado las aclaraciones y documentación necesaria que Bruselas le había solicitado pero que tenía que ser facilitada por la comisión gestora y su presidente, a los que el Consejero de Agricultura había apartado y despreciado al nombrar un consejo provisional y un presidente con personas de su confianza personal y política.
Asimismo comentó a los asistentes a la asamblea que el Director General de la Consejería, Ginés Vivancos, le había solicitado reiteradamente en los últimos meses que se presentase otra vez la solicitud de la denominación de origen y que él le había comentado que tras lo ocurrido no le apetecía mucho empezar de nuevo, pero que lo sometería a la decisión de la asamblea.
Tras un amplio debate y diversas propuestas entre los asistentes la asamblea acordó por unanimidad que si el Consejero tenía interés en que se volviese a solicitar la denominación de origen de la uva, mantuviese una reunión en Totana con los miembros de la directiva de la Unión de Agricultores y los de la antigua comisión gestora de la D.O.P. y que si la petición y compromisos del Consejero convencía a los asistentes, la asamblea facultaba para que se reiniciase el proceso.
También fue objeto de amplia exposición por el Presidente y de debate de la asamblea la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se deriva del informe del estudio de impacto ambiental del Plan, que afectaría como mínimo a más de 6.000 has. y varios miles de propietarios agrícolas de absolutamente todas las zonas del municipio, aunque con especial incidencia en el perímetro de un kilómetro del Parque de Sierra Espuña, así como en la Sierra de La Tercia, Saladares del Guadalentín, y una amplia franja por encima y por debajo del río Guadalentín.
Isidoro Cayuela manifestó que “no estamos dispuestos a que para compensar y corregir los efectos medioambientales negativos de la posible construcción de 40.000 nuevas viviendas en las urbanizaciones previstas, se pretende proteger las fincas de los agricultores e impedir el que podamos construir una vivienda unifamiliar vinculada a la explotación”.
“Hemos propuesto que se segregue y apruebe solo el casco urbano del PGMO y no lo han aceptado” (Isidoro Cayuela).
Informó asimismo el Presidente de la Unión de Agricultores a la asamblea que en las reuniones mantenidas con el Director General de Medio Ambiente y varios representantes del Ayuntamiento se había propuesto, junto con APESE y CEBAG, aparcar y reiniciar con consenso la parte del PGMO distinta del casco urbano, y abordar una urgente aprobación parcial del casco urbano, con el consenso de todas las fuerzas políticas sociales y económicas, a fin de desbloquear la actividad y necesidades de viviendas y construcciones que facilitaría revitalizar la actividad del sector local de la construcción.
Finalmente, Isidoro Cayuela informó de que los servicios técnicos de la Unión de Agricultores y de CEBAG están preparando un análisis del Plan zona a zona del municipio, a fin de mantener reuniones entre los afectados de cada zona y analizar la repercusión concreta que tiene para los propietarios y fincas afectadas.
COAG