La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acusa frontalmente al Gobierno de «cargarse» el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), a través de modificaciones sutiles, puntuales y constantes, que están socavando su contenido para reducirlo a un mínimo testimonial, como con el «Decretazo» que entra en vigor.
La organización agraria tilda la nueva normativa, dictada desde el Ministerio de Trabajo, de antivalencianista, por la falta de diálogo con AVA, así como por no contemplar la realidad del sector agrario valenciano, «que entra en vigor estando al frente de dicho ministerio dos personas que conocen bien las características minifundistas de la Comunidad Valenciana», recuerda el presidente de AVA, Cristóbal Aguado. Además, denuncian la discriminación sufrida ante la otra organización agraria valenciana, con la que dicho ministerio sí que mantuvo conversaciones previas, a pesar de que sus dirigentes nieguen aquí su existencia.
AVA argumenta el cinismo demostrado por el Ministerio de Trabajo en la supresión del REASS por actuaciones como la exclusión de actividades propiamente agrícolas que definen, «sacándoselo de la manga», como servicios, incluyendo, pues, éstos en el Régimen General, como es el caso de los regadores al servicio de entidades de riego.
«Con esto, dicho ministerio está provocando una reclasificación de los trabajadores incluidos en el REASS con una finalidad puramente recaudatoria», apunta Aguado, quien considera que «la excesiva y desmesurada burocratización impuesta en el nuevo Real Decreto va a imposibilitar su cumplimiento, dadas las características propias del sector agrario, especialmente en nuestra Comunidad en la que el sector no está aún informatizado, está condicionado a las cambiantes situaciones meteorológicas y la falta de mano de obra y las reducidas dimensiones medias de nuestras explotaciones». AVA advierte que esta normativa sorprenderá a muchos agricultores que se encontrarán totalmente desprotegidos y en una situación de ilegalidad y otros se verán responsabilizados de los posibles riesgos.
AVA indica, además, del encarecimiento que la aplicación de esta normativa supondrá para el campo valenciano, imposible de asumir por el sector. Así mismo apunta que el nerviosismo y la crispación de los agricultores valencianos, «tendrá sin duda un futuro coste electoral».
AVA