La entidad agraria lamenta la lentitud a la hora de tramitar las autorizaciones para nuevas sustancias activas. Mientras que en Francia se tarda algo menos de tres años en responder a una solicitud, en España el proceso se prolonga de media cinco años o más lo que “deja a los agricultores sin capacidad de reacción ante la irrupción de nuevas plagas”, advierte Aguado. Y el problema se agudiza en el caso de la agricultura mediterránea por un doble motivo: porque es la que más patógenos foráneos está ‘importando’ y porque es la que más necesita de los insecticidas que la actual normativa ha retirado en masa.
Desde 1993 la aplicación de la directiva 91/414 –que a medio plazo se sustituirá por una regulación más restrictiva- ha servido para prohibir el 75% de las sustancias activas con las que se elaboraban los insecticidas, acaricidas y nematicidas.
Según un estudio de los servicios técnicos de AVA-ASAJA, en estos momentos existen más de 50 plagas que afectan a los principales cultivos valencianos en los que se han detectado posibles problemas de resistencias a corto o medio plazo o, en el peor de los casos, insecticidas que resultan -ya- ineficaces. La falta de fitosanitarios obliga a repetir los tratamientos con la misma sustancia lo que, unido a las restricciones en materia de residuos, ha comenzado a disparar los daños causados por plagas que hasta hace poco se controlaban con relativa facilidad. Las pérdidas se multiplican cuando, a los patógenos habituales, se suman las nuevas plagas ‘importadas’, insectos foráneos tan destructivos como la Tuta absoluta en el tomate, el picudo Rojo en las palmeras o el nuevo ‘cotonet’ (pseudocóccido) que ataca los cítricos en la zona de Les Valls. “Cada nuevo patógeno requiere del esfuerzo de los investigadores para dar con el fitosanitario adecuado. Una vez localizado y testado es la lentitud de la Administración en dar los correspondientes permisos la que contribuye a exasperar a los agricultores”, explica Aguado.
Ava-Asaja.