La organización agraria denuncia igualmente que la improvisación con la que el Gobierno central está abordando el esperado decreto para definir las medidas del programa de apoyo al sector vinícola, está añadiendo incertidumbre al mercado, que sigue paralizado en espera de que este plan se concrete. “Están reaccionado tarde y mal, con sucesivos borradores que han sido modificados según las presiones recibidas y ahora se quiere salvar la situación primando los intereses de una región vinícola a costa de los de las más necesitadas, como es el caso de la Comunitat”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
Efectivamente frente al clamor del sector -que sigue reclamando medidas de crisis para descongestionar el mercado- el departamento de Elena Espinosa ha ido presentando al sector hasta tres borradores de decretos. El primero se dio a conocer el 10 de octubre y en él se aprobaba una ayuda para la destilación de uso de boca de 450 euros/Ha que podrían beneficiar a 176.060 hectáreas.
A finales de noviembre, el propio secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, anunció en una visita a Castilla-La Mancha, que esta ayuda se podría elevarse hasta los 700 euros. Al poco se presentó un segundo borrador en el que se aclaraba que con tales cantidades la superficie beneficiada tendría que limitarse a 113.181 Ha. Finalmente, el departamento de Elena Espinosa ha cambiado por tercera vez de criterio y el decreto que podría haber enviado al Consejo de Estado para su consulta ha vuelto a ser trastocado en su anexo clave, el XIII, que se refiere a los fondos para destilación y que ahora volverán a aplicarse sobre un área de 176.060 Ha.
Atendiendo a la nueva prioridad marcada -que beneficia básicamente a una sóla región, donde se concentran las alcoholeras, en detrimento del resto de zonas vinícolas- para atender la destilación de la producción para tal superficie, la Administración central necesitaría desviar de los fondos ya asignados por la OCM del Vino al programa nacional unos 44 millones más. Es decir, en total, España tendría que destinar 123,4 millones a la destilación cuando sólo tiene presupuestados 79,22.
AVA-ASAJA denuncia a este respecto que, al retraso que ya acumula el Gobierno en la aprobación de este decreto, habrá que sumar el que ahora supone que el Consejo de Estado se tenga que pronunciar al respecto, lo que podría aplazar otra vez su publicación hasta finales de enero o principios de febrero. “El ministerio está usando triquiñuelas para dejar sin margen de reacción a los viticultores, que tendrán muy poco tiempo para solicitar las ayudas a la reconversión y reestructuración, con lo que podrá desviar parte de estos recursos a la destilación que tanto le piden otros”, denuncia Aguado. Efectivamente, si en marzo no se han gastado la totalidad de los fondos, la OCM permite al Estado miembro redistribuir los ‘sobrantes’ a otros conceptos del plan, como la destilación.
La viticultura de la Comunidad Valenciana sería de las más perjudicadas por este recorte en tanto los planes quinquenales para la reconversión y reestructuración deben iniciarse ahora en la mayoría de los casos. De los 86,8 millones de euros aprobados para este concepto, 35,9 están ya comprometidos, son ‘intocables’, puesto que deben asegurar la continuidad de planes ya aprobados con anterioridad, que se concentran en una sóla región, que no es la valenciana.
En este sentido y frente a los problemas generados en esta campaña y los que seguro se darán también para la próxima, AVA-ASAJA recuerda que siempre ha reclamado la eliminación del periodo transitorio del pago único, lo que eliminaría tremendamente las cargas burocráticas y garantizaría un reparto más justo de los fondos.
AVA-ASAJA