La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha celebrado las IV Jornadas de Jóvenes Agricultores en el Hotel Santa Marta de Cullera (Valencia) donde ha congregado a más de 200 jóvenes agricultores para debatir y analizar «La Modernización de las Explotaciones Agrarias». La consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Mª Àngels Ramón-Llin, acompañada por el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, y el presidente de la sectorial de Jóvenes Agricultores de AVA, José Vicente Añón, fue la encargada de inaugurar el acto en el que destacó el papel fundamental que juegan los jóvenes agricultores, «nuevos productores agrícolas, cuya formación les hará capaces de sacar adelante las explotaciones agrarias con la rentabilidad deseada».
Para la titular de Agricultura el concepto de modernización es básico para el futuro del sector agrario valenciano. «La Ley de Ordenación y Modernización de Estructuras Agrarias significará un importante cambio en la mentalidad del campo valenciano», afirmó Ramón-Llin para quien la aportación de AVA en la nueva normativa, que revolucionará la agricultura valenciana, ha resultado crucial.
Así mismo, la consellera de Agricultura explicó que la Ley responde a la confianza puesta en la iniciativa de la nueva generación de agricultores quienes, «además de reivindicar una nueva Política Agraria Comunitaria, tienen que ser capaces de asumir sus propias responsabilidades en el campo valenciano».
Por otra parte, Ramón-Llin también hizo referencia al gran esfuerzo presupuestario que ha realizado su departamento en la modernización del regadío valenciano. «Esto nos da la legitimidad para pedir las aguas sobrantes de otras regiones, a pesar de que todavía hay quien sigue trabajando para que la Unión Europea no financie el Plan Hidrológico Nacional (PHN)», aseveró Ramón-Llin para quien «el PHN se hará y con financiación europea».
Por su parte, para el presidente de AVA uno de los principales problemas de la agricultura valenciana siguen siendo los elevados costes de producción, «problema que limita nuestra capacidad competitiva frente a terceros países». Por ello, para el dirigente agrario resulta clave que se aborden en estas Jornadas aspectos como «los cuantiosos gastos que se derivan del obsoleto e inadaptado Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), el cultivo y la explotación en común como respuesta al necesario redimensionamiento que deben sufrir nuestras explotaciones agrarias, así como la necesidad de la ejecución inmediata del PHN como garantía de la productividad y la rentabilidad de la actividad agraria».
Por su parte, la abogado y miembro del departamento Jurídico de AVA, Sara Vayá, centró su intervención en las características y últimos cambios normativos del REASS, especialmente en aquellos aspectos que más afectan a los jóvenes agricultores. En ese sentido, de los problemas derivados de la aplicación del Real Decreto 459/02 sobre Altas y Bajas destacó El del encuadramiento del trabajador en cuenta propia o autónomo que viene determinado por el valor catastral de la explotación de la que es titular el agricultor. Según Vayá, dicho concepto ha quedado totalmente obsoleto porque los valores catastrales se revisan periódicamente y, en el mismo, influyen criterios que nada tienen que ver con la agricultura. «Si se aplicase rigurosamente la actual normativa, esto acarrearía la exclusión del REASS de la gran mayoría de agricultores que ahora sí lo forman».
Por ello, para Vayá, «el encuadramiento debería determinarse atendiendo a las rentas que declare el agricultor y no únicamente a la base territorial». En ese sentido, prosiguió, «lo ideal sería que se permitiese estar en cuenta propia a todos aquellos cuya renta no sobrepasase el equivalente a dos rentas». Así mismo, sugirió que el valor máximo que limita el encuadramiento en cuenta propia debería eliminarse o, al menos, equipararse este con las dimensiones mínimas exigidas para alcanzar una unidad mínima de cultivo.
Otro de los problemas que destacó fue el de la excesiva burocratización, con el consiguiente incremento de costes, que conlleva la aplicación de la nueva normativa por la obligación del empresario agrícola de comunicar previamente cualquier contratación de un trabajador afiliado al REASS por cuenta ajena. Una de las soluciones propuestas por Vayá fue la posibilidad de que las comunicaciones previas pudieran efectuarse hasta el día siguiente del inicio de la prestación del servicio, entre otras.
Por último, para Vayá, los trabajadores que presten sus servicios a explotaciones agrarias o a comunidades de regantes, constituidas con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y sin otro fin que el aprovechamiento de las aguas para uso exclusivo de las explotaciones agropecuarias, estarán incluidos en el REASS».
El jefe del Servicio de Mejora de Estructuras Agrarias de la Conselleria de Agricultura, Pedro Martínez, dedicó su intervención a la «Incorporación de Jóvenes Agricultores y la Ley contra el Minifundio» en la que, además de explicar los principales problemas estructurales de la agricultura valenciana, entre los que destacó el minifundismo y la excesiva parcelación, apuntó distintas estrategias para afrontar de manera óptima el futuro de la actividad agraria, como el cultivo y la explotación en común, recogidas en la Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias, aprobada el pasado mes de noviembre por las Cortes Valencianas.
El incremento de la dimensión física de las explotaciones agrarias bajo cualquier tipo de titularidad complementaria a la de la propiedad, el incremento de la dimensión económica a través de la reducción de costos, la continuidad de las explotaciones agrarias a través del fomento de la incorporación de nuevos titulares, así como la utilización común de medios personales y de producción o la externalización de las labores a los menores costos posibles, fueron las principales actuaciones estratégicas que el responsable de la Conselleria de Agricultura propuso a los cientos de jóvenes agricultores congregados.
Para finalizar, el jefe de Área de Construcción de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Enrique Cifres, manifestó que «en el siglo XXI no se puede sostener una agricultura sin garantía, la que da precisamente el PHN».
En ese sentido, Cifres recalcó que la Ley del PHN no contempla exclusivamente el trasvase del Ebro sino multitud de actuaciones como la reutilización de aguas, depuración de aguas residuales, donde la Comunidad Valenciana lleva la delantera a nivel nacional; la construcción de embalses; defensa contra inundaciones y plan de avenidas; y una muy importante, el plan de regeneración de enclaves naturales que engloba la repoblación forestal, restauración de cauces y regeneración de humedales. En cuanto al precio del agua apuntó que lo único que está establecido en la Ley del PHN es una cuota ambiental de 0,03 euros/m3 que se destinará exclusivamente a mejoras medioambientales.
Ava-Asaja