Remitido por Ava-Asaja:
El objetivo es que puedan desarrollarse más eficazmente las infraestructuras o planes de desarrollo necesarios, “de esta manera se evitarían situaciones como lo sucedido con el Plan Hidrológico del Júcar que, más allá del debate sobre su legalidad, es necesario el desarrollo del mismo”, declaró el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.
La organización agraria considera que la anulación de diversos artículos del Plan Hidrológico del Júcar debe hacer reflexionar a la Administración para replantear el modelo de gestión de aguas en el país. “Según se interpreta de la sentencia, la transferencia y gestión de aguas en el interior de una misma comunidad autónoma no es competencia del Estado, sino de la propia comunidad”, explicó Aguado, quien añadió que “antes de que se produzca una situación de inseguridad jurídica con otros planes hidrológicos, es necesario que las administraciones autonómicas y la central se coordinen, distribuyan correctamente sus competencias y elaboren las normas necesarias lo antes posible.
“De otra manera nunca se llegarán a elaborar políticas de agua realmente eficaces, como necesitamos los agricultores”, continuó, “sólo si el Gobierno central y la Generalitat Valenciana son capaces de coordinarse y asumir sus propias competencias será posible solucionar los problemas que puede plantear la sentencia del Tribunal Supremo”
Por otra parte, AVA reclama a la Generalitat Valenciana que reclame al Gobierno central todas las competencias sobre las cuencas que se sitúen dentro de su territorio, a través de una Agencia Valenciana del Agua. De este modo, la Comunidad se equipararía a Cataluña y Andalucía, que sí pueden gestionar bajo sus propios criterios la mayor parte de sus recursos hídricos. “Con esto, los valencianos podríamos marcar nuestro futuro, asumiendo nuestras propias responsabilidades sobre nuestros propios recursos, de acuerdo con nuestros intereses”, remarcó Aguado.
Actualmente, las competencias las ejerce el Ministerio de Medio Ambiente a través de las confederaciones hidrográficas. Para la organización agraria, estos organismos deberían limitarse a gestionar los recursos hídricos únicamente en cuencas que abarquen varias comunidades autónomas, a través de unos mecanismos establecidos entre las autonomías y el Estado.
Ava-Asaja