La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige que la Conselleria de Medio Ambiente se responsabilice de los perjuicios que provoca la fauna del Parque Natural de L¹Albufera a los agricultores y habilite una partida presupuestaria permanente que indemnice a los agricultores afectados. Actualmente, las ánades reales, también llamadas «collverd», están devorando el arroz de los campos cercanos al lago de L¹Albufera mientras los arroceros, que se encuentran en plena siega, han optado por seguir utilizando cañones de aire comprimido para hacer ruido, aunque con «poco éxito», para espantar la bandada de aves que están mermando su cosecha.
«La convivencia pacífica entre agricultores y fauna dentro del Parque Natural de L¹Albufera no puede ser a costa del bolsillo de los arroceros y parece ser que la Conselleria de Medio Ambiente no acaba de asumir la responsabilidad que le compete», manifiesta el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, para quien «las incesantes denuncias hechas desde AVA tan sólo han servido para que se nos reconozca el derecho a la indemnización pero no se ha aprobado un partida presupuestaria que contemple de forma continuada y clara estos perjuicios».
Para la organización agraria, el mantener el equilibro de los ecosistemas protegidos, como los parques naturales, es una acción loable que siempre ha apoyado. Sin embargo, la Administración no puede «lavarse las manos» y descargar toda su responsabilidad en los agricultores, produciendo de este modo un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, como Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla León, que disponen de regulación que contempla ayudas económicas compensatorias para los agricultores afectados por la acción de especies protegidas y especies cinegéticas.
Las parcelas de arroz que se encuentran en el interior del Parque Natural obtienen una menor rentabilidad que en otros espacios no protegidos, con el agravante de que existe la limitación productiva de no poder optar por otro tipo de cultivo. «La reintroducción de especies protegidas en espacios naturales debería ir ligada a estudios de impacto sobre la economía de los agricultores de la zona», puntualizó Aguado para quien, de no ser así, «los que finalmente se extinguirán serán los agricultores por la irresponsabilidad de la Administración».
AVA