La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera un abuso inadmisible por parte de la Administración el deplorable estado en que se está restituyendo a los agricultores las parcelas, acequias y caminos ocupados temporalmente para las obras de duplicación del gaseoducto Valencia-Alicante Tramo I, cuya ejecución finalizó en septiembre del año pasado.
El lamentable estado en que han quedado muchas de las fincas expropiadas ha sido constatado por los mismos técnicos de la Jefatura de Área del Ministerio de Industria y del Ministerio de Agricultura, respectivamente, afirma la organización agraria.
AVA denuncia, además, que aún no se haya restituido las tierras y servicios a la totalidad de los agricultores afectados, algunos de los cuales llevan más de quince meses sin poder regar, cuando las obras de la conducción del gas finalizaron hace medio año. «Las altas temperaturas registradas y el encontrarnos en pleno periodo de floración hace imprescindible los riegos que de no producirse a tiempo podrían provocar perjuicios irreversibles para el campo que se sumarían a los ya causados por el excesivo tiempo de ocupación del suelo», critica el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.
La organización agraria exige, por tanto, a la Delegación del Gobierno en Valencia responsabilidades por tan nefasta actuación que ha supuesto la pérdida de cosechas presentes y, previsiblemente, también futuras y no descarta iniciar acciones de protesta si la Administración no atiende sus peticiones.
Así mismo, la organización agraria, que representa a la mayoría de los agricultores afectados, critica los bajos precios pagados por la expropiación, que en algunos casos han sido incluso inferiores a los valorados en la primera fase, hace ahora cinco años.
Las obras, iniciadas en enero de 2000, han afectado a una treintena de pueblos de las comarcas de L´Horta, Ribera Alta, La Costera y La Vall d’Albaida, en una extensión de 90 kilómetros de parcelas agrícolas, principalmente de cítricos, frutales y huerta.
La Administración central, a través de la Delegación del Gobierno en Valencia, expropió a los agricultores a principios del año pasado, siendo beneficiaria la empresa Enagas, que a su vez encargó las obras a la Unión Temporal de Empresas (UTE) ACS Bonati.
Dep. Prensa